A nadie escapan los motivos de fondo que llevan a que nuevamente miles de mujeres salgan a las calles a reclamar contra la violencia machista. Las preocupantes cifras hablan por sí solas. Según los datos del Observatorio de MuMalá, una mujer es asesinada cada 32 horas en Argentina. En lo que va del año fueron 246 los femicidios. En Tucumán fueron 11 hasta el 31 de octubre.

Esto pone de manifiesto la necesidad de instrumentar cuanto antes herramientas concretas que protejan a nuestras mujeres y a sus hijos -si los tienen-. La Ley para declarar la emergencia en violencia contra las mujeres podría ser ese instrumento. Esta normativa estipula, entre otras cosas, que se destinen fondos especiales para combatir el flagelo, así como la creación de áreas interdisciplinarias para abordar la problemática.

En sus puntos más importantes, la emergencia dispone la construcción de refugios en todo el territorio nacional; una ayuda económica mensual equivalente a un salario mínimo para las mujeres víctimas de violencia; patrocinio jurídico gratuito en manos de especialistas en la materia; asignar partidas presupuestarias extraordinarias para medidas de asistencia y prevención; y la incorporación de promotoras comunitarias en prevención y acompañamiento de mujeres en situación de violencia como tarea remunerada.

Si el gobierno nacional hubiera tomado con seriedad la problemática, destinando fondos y expandiendo el margen de acción de organismos vigentes como el Instituto Nacional de las Mujeres (creado con el objetivo de profundizar y jerarquizar políticas públicas para favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación y la violencia de género), quizás no habríamos llegado a la necesidad de una ley de emergencia. Si bien hay que destacar que el problema no surgió hace 4 años y que todos los gobiernos anteriores tienen tanta responsabilidad como el que se va en diciembre, también es loable resaltar que durante su gestión Mauricio Macri minimizó el presupuesto en todos los ámbitos, entre ellas la del INAM, reduciendo la capacidad de respuesta de una área sensible en esta cuestión. Para este año, se destinó un total de $11,36 por cada mujer víctima de violencia machista -lo que vale un turrón de maní-, para la elaboración de proyectos en materia de prevención y asistencia. Y para el 2020 la situación no es mejor. El presupuesto enviado por el ejecutivo asigna el 0,0067% del total del presupuesto nacional, tan solo $19.82 por mujer para llevar adelante las políticas previstas en la ley 26.485 (de violencia contras las mujeres).

Por eso no debe sorprender a nadie que el lunes por la tarde la ola feminista se haya apoderado de las calles en todas las ciudades principales de todas las provincias del país, reclamando por la aplicación efectiva de políticas tendientes a erradicar la violencia de género en todos sus aspectos y, por otro lado, el fin de la impunidad en los casos de femicidios.

"Nuestra presencia en la calle tiene que ver con la búsqueda de justicia, seguridad y asistencia para nuestras mujeres. La situación es muy grave y las mujeres siguen estando desprotegidas. Necesitamos que nuestras autoridades tomen este asunto con la seriedad que se merece”, sostienen desde la Casa de las Mujeres Norma Nassif. “Necesitamos que el Estado construya soluciones y deje de mirar hacia otro lado. Necesitamos por lo pronto que se genere un mapa de situación preciso para, a partir de allí, diagramar acciones y herramientas para erradicar la violencia. Necesitamos que el gobierno nacional se tome en serio esta problemática y aporten todas las herramientas que sean necesarias para solucionarla", aportó Yanina Muñoz, de Mujeres de la Matria Latinoamericana.

En nuestra provincia, la Emergencia en Violencia de Género está vigente desde fines de 2016 y se extenderá hasta fines de 2020. Esto le permite al gobernador Juan Manzur destinar fondos excepcionales a los fines de diseñar, desarrollar y ejecutar acciones para combatir la violencia machista y asistir a sus víctimas. A pesar de que su sanción fue celebrada como un éxito, las organizaciones feministas reclaman que hasta aquí su aplicación no fue efectiva y que los fondos destinados para elaborar políticas públicas no son suficientes. Eso sin mencionar que de los 3 años en vigencia, 2 estuvo sin presupuesto. 

¿Qué soluciones debería brindar la ley de Emergencia en Violencia de Género?

-El texto de la ley provincial 8.981 tiene por objetivo “revertir el número de víctimas”, “reforzar la política preventiva” y “optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”, estableciendo “como política prioritaria para el Estado provincial” la concreción de ocho objetivos, entre los que figuran: el diseño y ejecución de acciones y programas específicos; la celebración de convenios con la Nación; la creación de espacios físicos transitorios para la contención y atención de víctimas; reforzar el funcionamiento del sistema judicial con competencia en la problemática; fortalecer la tarea de las ONG y de asociaciones intermedias; implementar el Registro Único de Denuncias para la elaboración de estadísticas; y brindar capacitación en las comunas rurales.

-De los ocho objetivos propuestos en la normativa, uno de los más reclamados por el colectivo de mujeres es la construcción de refugios para quienes sufren de violencia doméstica, situación en la que ocurren la mayor cantidad de femicidios. Al día de la fecha, la Provincia no logró inaugurar ni uno sólo de estos espacios. 

-Otro de los puntos más sentidos para las mujeres en situación de violencia tiene que ver con las posibilidades de independencia económica, una condición necesaria para que puedan abandonar el hogar que comparten con su agresor. En este sentido, exigen la entrega de subsidios estatales y la creación de instancias de capacitación que permitan la inserción de las mujeres en el mercado laboral.

-No menos importante es el reclamo contra la falta de acceso a la Justicia, una cuestión fundamental a resolver si se quiere avanzar en materia de prevención. En muchas ocasiones las denuncias por violencia de género terminan cayendo en saco roto por la falta de reacción y/o de recursos de los órganos de Justicia que deberían resolver estas cuestiones. En otros casos, es la indiferencia de quienes deben captar esas denuncias lo que obstaculiza el proceso.