Gracias a la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Gabriel Yedlin, la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA) pudo reestablecer el servicio a unos 800 afiliados que en los últimos dos años habían perdido esa cobertura al ser traspasado sin su consentimiento a otras obras sociales que no están radicadas en la provincia.

La maniobra había sido denunciada oportunamente por el administrador normalizador de la obra social de los empleados de la industria azucarera, José Leguizamón, ante la Superintendencia de Salud de la Nación y tomó mayor impulso a partir de la intervención de funcionarios del área de Desarrollo Social de la Provincia. En su presentación, Leguizamón advirtió que los afiliados sufrieron el robo de sus identidades para engrosar la lista de beneficiarios de otras obras sociales sin saberlo y señaló que los responsables de la maniobra habrían obtenido la información de los registros del programa nacional Potenciar Trabajo.

Como ese programa en Tucumán es supervisado por el ministerio a cargo de Gabriel Yedlin, funcionarios del área comenzaron a tomar contacto con los casos denunciados y así, hoy son 800 los afiliados que recuperaron la cobertura de la OSPIA. La mayoría estaba irregularmente registrado en la obra social de la Industria del Vidrio y esperan una resolución otros 900 beneficiarios que terminaron en la obra social de la Industria del Fósforo, que no tienen sede en la provincia y por lo tanto, no brindaba ninguna cobertura de las familias.

Tras conocerse el reintegro de las titulares a sus obras sociales de origen, el ministro Gabriel Yedlin, visitó a Roxana Barrionuevo, una de las titulares afectadas, a fin de informarle que la gestión dio resultado positivo y que recuperó la atención de su obra social.

El ministro estuvo acompañado por la titular local de la Superintendencia de Salud, Elizabeth Ávila; el secretario de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Guillermo Socolsky y el director del área, Bruno Medina.

Al respecto, Yedlin manifestó que “detectamos a estas familias que habían sido estafadas con un robo de identidad y las cambiaron de obra social sin voluntad de ellas, a entidades que ni siquiera funcionan en Tucumán”.

Expresó que “hubo titulares que necesitaron controles médicos o tienen hijos con discapacidad que concurren a algún centro de día, estimulación temprana o rehabilitación necesidades de cirugía o medicamentos caros y cuando fueron a buscar se dieron cuenta que no tenían obra social”. Agregó que “se hicieron las denuncias ante la Superintendencia de Salud, que es el órgano que regula, y tras las gestiones se logró que recobren la obra social de origen, tal como nos indicó el gobernador Juan Manzur“.

En ese sentido, aseveró que “queremos llevar este mensaje de tranquilidad a aquellos que detectaron que perdieron la obra social que querían, que sepan que están volviendo”.

“También, a quienes adviertan que les ocurrió esta situación, hay un canal institucional para hacer las denuncias y agradecemos a instituciones de cuidado de personas con discapacidad, que sabiendo de esta dificultad, siguieron brindando atención sin cobrar, entendiendo que esto se iba a solucionar y el rol que cumplen en la comunidad”, avisó.

Por su parte, Socolsky expuso que “en Tucumán afectaron a muchas titulares que sin su consentimiento fueron traspasados a obras sociales inexistentes”.

Afirmó que “el caso de Roxana es paradigmático, ella tenía la obra social OSPIA por ser titular del Potenciar Trabajo, a la que venía usando por necesidad de su hijo y de un día para otro se dio con la novedad que tenía otra obra social, que no presta servicios en la Provincia”.

Indicó que “la acompañamos en el reclamo y tras las gestiones, desde ayer recuperó su obra social de origen”. Asimismo, enfatizó que titulares que estén en esa condición, “están a tiempo de realizar el reclamo ante la Superintendencia de Salud, la obra social o en las oficinas de la Secretaría, en el exPredio Ferial Norte, para que las acompañemos en la gestión”.

A su turno, la delegada de la Superintendencia de Salud, comentó que “en Tucumán tenemos cerca de 2 mil personas que han sido afectadas por un traspaso hacia una obra social que no está en Tucumán, en las que las titulares no habían dado su consentimiento”.

Ávila explicó que “las titulares hicieron la denuncia en la Superintendencia en forma articulada con el Ministerio y todos juntos pudimos elevar esta situación a la sede central en Buenos Aires y presentamos todo al superintendente y logramos que cerca de 800 personas regresasen a su obra social de origen, que era el objetivo de estas presentaciones”.

Finalmente, Roxana afirmó que “estoy contenta de que el ministro me haya visitado con esta buena noticia”.

“Gestionamos el traspaso para que me devuelvan a OSPIA. El Ministerio me acompañó en los trámites y tengo otra vez la obra social para mi hijo con discapacidad”, concluyó.