En el tramo final del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, los peritos contables que analizaron las obras investigadas le dieron un duro golpe al corazón de la acusación.

Bajo juramento, declararon los peritos contadores encabezados por el perito oficial de la Corte Suprema, Daniel Antonio Fontana y seguidos por las peritas de la fiscalía, Valeria María Fritella y María Sol Gavela y los de parte Jorge Alberto Bueri, ofrecido por el imputado Raúl Pavesi y José Lucas Gaincerain, por la defensa de Cristina Kirchner.

Sin contradicciones, todos los profesionales coincidieron en que todas las redeterminaciones de precios de las obras observadas fueron realizadas conforme a la ley. Es decir, que no hay elementos para sostener la hipótesis de desvío de partidas presupuestarias a través de las readecuaciones de precios, como señala la denuncia.

Este supuesto también lo sostiene un informe informal realizado por el exfuncionario macrista en la DNV, el ingeniero Alejandro Mon y presentado en la causa por el alfil de Patricia Bullrich, Javier Iguacel hace pocas semanas. Esto motivó una fuerte discusión entre las partes aún no resuelta por el Tribunal, ya que la fiscalía quiere introducir dicho estudio como prueba recién ahora, cuando ya pasaron más de dos años y medio desde el inicio del juicio y ya finalizada la declaración de todos los testigos, por lo que todas las defensas en forma unánime rechazaron esta posibilidad.

De todas formas, más allá de si esa evaluación no oficial de Iguacel y Mon es incorporada o no el expediente, este lunes ya fue rebatida en un ciento por ciento por las y los contadores que declararon. Es porque dejaron en evidencia que la normativa utilizada en dicho informe para poner en tela de juicio las redeterminaciones de precios es posterior a los hechos investigados, lo que los llevó a concluir erróneamente que hubo sobreprecios.

Los peritos explicaron que para hacer el análisis oficial aplicaron el decreto 2.960, que reglamenta la ley 2.743 de la Provincia de Santa Cruz, ya que se trata de obras ejecutadas por la Agencia de Vialidad de esa provincia. El punto es que Mon e Iguacel utilizaron el decreto 691 del año 2016 para hacer la evaluación, lo que los llevó en forma errada a concluir que hubo sobreprecios, ya que se trata de una ley posterior a la realización de las obras investigadas, por lo que no puede ser aplicada en esta investigación. En el primer caso, el requerimiento para abrir la determinación es una variación de los precios del 10%, mientras que en el decreto de Mauricio Macri se establece un 5% para iniciar dicha actualización.

“Hicimos toda la verificación sobre los componentes y el cálculo de variación de referencia”, explicó Fontana. Y concluyó que todas las redeterminaciones se realizaron conforme a lo establecido por la normativa. “Se tomaron de las tablas de índices de Vialidad y se verificó que se hubiera producido una variación superior al 10%. (La ley exige que los precios varíen más del 10% para que se aplique una redeterminación de los valores a favor de las contratistas). Y en todos los casos se verificó que en todos los ítems había un salto de variación de referencia superior al 10%”, afirmó el contador. Y el resto de las o los profesionales, incluso la perita de la fiscalía, coincidieron con la conclusión.

También explicó que los adelantos financieros no se redeterminan, sino que se congelan. En sus cálculos, Mon e Iguacel redeterminaron los valores incluyendo los adelantos, otro de los elementos que los llevó a una conclusión errada de desvíos a favor de Lázaro Báez.

Ante la consulta de los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y de Báez, Juan Villanueva, el perito agregó que “si no se actualizaran los pecios se vulneraría la ley de emergencia económica” y que “el índice de variación de referencia está basado en los ítems que contempla el anexo al decreto 2.960, donde determina, para hacer el cálculo, cuáles son los ítems de cada una de las especialidades”. Y contó que “los índices son en base al Indec y las tablas las publica la DNV en su web”.

También, el perito de la Corte explicó que hay redeterminaciones provisorias, pero que luego se hace un cálculo definitivo. Es otro de los ejes centrales de la argumentación de las defensas, ya que el estudio de Iguacel concluyó sobreprecios porque comparó valores con las redeterminaciones provisorias. “Suele suceder que cuando se presenta una redeterminación provisoria de precios que al momento en que se determina ese salto de la variación de referencia pueda haber índices provisorios de algunos de los ítems. Por ejemplo, la mano de obra. Lo que suele suceder es que el Indec va publicando mensualmente una cantidad de índices y después publica los definitivos, que modifican esos índices”, detalló.

En la próxima audiencia, prevista para el 18 de abril, declararán los ingenieros que hicieron la pericia oficial, Pablo Eloy Bona y Roberto Panizza. El primero de ellos recusado por CFK por retuitear mensajes ofensivos a la figura de la entonces presidenta de la Nación./Ámbito