El fiscal Guillermo Herrera tuvo que apelar a la intimidación y hasta la fuerza de unos 250 efectivos de la policía de Tucumán para desalojar a unas 17 familias, algo más de 50 personas que permanecían en un predio de 19 mil hectáreas aduciendo que eran tenedores ancestrales de la Base Riarte.

Una comunidad asentada al norte de la localidad de Trancas, al límite con Salta, sufrió el embate de los efectivos que en gran número llegaron desde San Miguel de Tucumán para dar por terminado un litigio judicial que tiene sus orígenes en el reclamo de restitución realizado por los representantes de dos empresas agropecuarias, Zanja Honda y Agro Avance.

Fueron en vano las gestiones realizadas por caciques y comuneros de la comunidad indígena de Colalao, pudo más el fallo de un juez y el requerimiento de un fiscal, que apelando a los palos y armas de la policía, concretó el desalojo de hombres y mujeres, pasadas las 18, cuando el sol había bajado y el frío comenzaba a dejar sus huellas.

El fiscal Herrera desestimó todos los planteos de los hombres que aducen ser los tenedores ancestrales de las tierras, para restituir las 19 mil hectáreas a los empresarios Fredy Moreno Nuñez Vela, de origen boliviano, y a Jorge Posse, tucumano este. De acuerdo a otros antecedentes judiciales, Posse que representa a la empresa Agro Avance, en realidad cuidaría los intereses del legislador provincial Sisto Terán. Esto se desprende del antecedente judicial que existe cuando el parlamentario del Frente para la Victoria fue investigado por el juez Víctor Manuel Pérez, mientras fue vicegobernador de la provincia en el período 1999/2003.

En aquella oportunidad, el juez Pérez solicitó a la Cámara el juicio político para Terán para lograr su destitución y poder de ese modo, "investigarlo por presuntos enriquecimiento ilícito y pago de coimas a legisladores para que aprobaran la ley de necesidad de reforma de la Constitución". El magistrado había sostenido en su pedido, "que las piezas del expediente informan de un elevado índice de acrecentamiento patrimonial del vicegobernador (Sisto Terán) y de sus allegados". En tal sentido, hizo hincapié "en la situación de la empresa G.M.S. Servicios SRL de las que formaban parte Sylvana Beatriz Dellarossa, Marcelo Yanotti y Gerardo Pablo Anadón, esposa, patrocinante y amigo del vicegobernador, respectivamente".

En el escrito ofrecido a la Legislatura, el juez Pérez también mencionó "los bienes y la situación patrimonial de Agro Avance SA, de la cual forman parte además de Anadón, Luciana Terán Nougués, hermana del vicegobernador y su esposo, José Eduardo Posse, como presidente". Esta empresa es la que hoy por la vía judicial parece haber recuperado el dominio de las tierras productivas de la Base Riarte.

Ante los acontecimientos registrados este miércoles, representantes de la comunidad de la Base Riarte, expresaron que Moreno Nuñez Vela y Posse pretenden apropiarse del monte nativo donde se encuentra la Base Riarte Norte, en función de que en el año 2003, en connivencia con la Familia Prat Gay, encubrieron un negociado resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural".

Una vez desplazados de sus tierras, perdiendo hasta sus últimas pertenencias, manifestaron que "con esta realidad histórica que hoy nos toca vivir, pero con la firme decisión de cambiarla, es que solicitamos a la sociedad en general, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y a nuestros hermanos de Pueblos Originarios, que se solidaricen con nuestro reclamo; ya que hemos entregado todo para ver a nuestra madre y hermanos libres".