Voceros de la curia paranaense confirmaron que el prelado optó por esa posibilidad y evitar de esa forma la presentación ante el juez y los fiscales que llevan adelante la investigación.

El evitar asistir a los estrados judiciales está contemplada en el Código Procesal Penal de la provincia y se extiende también a autoridades nacionales y provinciales, diplomáticos y militares.

En la causa por los abusos de los menores, por entonces de entre 10 y 14 años, el juez de Instrucción número 3 de Paraná, Alejandro Grippo, citó a declarar a los tres arzobispos que ejercieron el cargo mientras se registraron las violaciones o que tuvieron conocimiento de esos delitos pero no informaron a la Justicia.

Además de Puiggari están citados los ex arzobispos y actual cardenal, Estanislao Karlic, y Mario Maulión.

Por el momento se desconoce si los prelados se presentarán ante los estrados o si seguirán el camino elegido por Puiggari para dar su versión de los hechos, es decir, declarar por escrito.

El cardenal Karlic, que abandonó la capital entrerriana días después de que estallara el escándalo de los abusos en el seminario local, regresó de Roma este fin de semana, pero ha evitado hacer cualquier tipo de declaración sobre el caso.

Hasta el momento declararon ante la justicia seis ex seminaristas, quienes detallaron los abusos sexuales de los que fueron objeto presuntamente por parte el sacerdote Justo José Ilarraz mientras estuvieron internados en el seminario local.

También declaró el párroco de San Benito Abad, Leonado Tovar, quien avaló los dichos de las seis víctimas, y el cura Pedro Barzán, actualmente radicado en Italia, que dijo haberse enterado de los hechos a través del testimonio de uno de los denunciantes.

La causa está caratulada como "promoción a la corrupción de menores agravada" y fue impulsada de oficio por la Procuración General de Entre Ríos, ya que la Iglesia mantuvo en secreto lo sucedido y nunca denunció los abusos ante la justicia ordinaria.

El actual arzobispo de Paraná, monseñor Puiggari, fue rector del seminario local entre 1992 y 1997 y el primero en tomar conocimiento de los abusos cometidos contra los casi 50 chicos.

Puiggari llevó el caso ante Karlic, quien en 1995 ordenó la realización de una investigación diocesana, cuyos resultados nunca fueron comunicados a la justicia entrerriana, según dijeron fuentes tribunalicias.

El cura acusado de haber abusado sexualmente de los menores era secretario privado de Karlic y, según versiones, estaba siendo preparado por el prelado para que lo suceda en el cargo.

Tras el juicio diocesano, Karlic autorizó a Ilarraz a viajar a Roma para perfeccionarse en misionología y el caso de los abusos habría quedado cerrado para la Iglesia.

Hay que tener en cuenta que los casos pueden ser investigados por la Justicia porque, aunque transcurrieron entre 1984 y 1992, no prescribieron en virtud de las modificaciones que la llamada ley Piazza realizó en el Código Penal. Esa norma, impulsada por el modista Roberto Piazza, amplió los plazos de prescripción de los delitos vinculados con la integridad sexual de los menores de edad, que recién comienza a regir cuando la víctima cumple 18 años.