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Arrancaron los alegatos en el juicio Villa Urquiza

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El Tribunal Oral Federal tiene previsto dictar sentencia el próximo 23 de diciembre próximo. Ampliar
Ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, expusieron los representantes de la Secretaría de DDHH de la Nación, quienes requirieron penas de hasta 25 años de prisión para nueve acusados.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Tucumán dio inicio este miércoles a las audiencias de alegatos de las partes en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el ámbito del Penal de Villa Urquiza, ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Durante la audiencia, el tribunal -integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Juan Carlos Reynaga y Hugo Norberto Cataldi (juez subrogante)- escuchó el alegato de los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (que actúa en el proceso como parte querellante) quienes solicitaron la pena de 25 años de prisión para Daniel Arturo Álvarez, Ángel Armando Audes y Pedro Fidel García; de 20 años de prisión para Jorge Omar Lazarte, Augusto Wertel Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Alfredo Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela, y de 15 años de prisión para Santo González.

En tanto, la querella que representa a la familia de Jorge Kofman requirió la pena de prisión perpetua para Medrano, García, Ledesma y Valenzuela; 20 años de prisión para Audes; 15 años para Álvarez y 7 años para González.Está previsto que el debate se reanude el miércoles próximo, a las 9.30.

El tribunal tiene previsto dar a conocer la sentencia el 23 de diciembre próximo.

También está imputado Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado del debate por afrontar otro proceso por crímenes de lesa humanidad en Córdoba. Se investigan los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio, cometidos en perjuicio de 39 víctimas.

Actúa en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general subrogante Leopoldo Oscar Peralta Palma y el fiscal general ad hoc Pablo Camuña.