El tribunal está integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga -Hugo Norberto Cataldi actúa en calidad de juez sustituto-.
Según informaron desde el tribunal, se trata de una megacausa en la que se juzgará la responsabilidad de 20 imputados -militares, gendarmes y policías de la provincia de Tucumán- en los delitos que se habrían perpetrado en perjuicio de 269 víctimas en el marco del “Operativo Independencia”. Todos los hechos materia del juicio habrían tenido lugar antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Se encuentran imputados Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez, Ramón César Jodar, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Néstor Rubén Castelli, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Miguel Ángel Moreno, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López, Casiano Pedro Burtnik, Julio César Meroi, Omar Edgardo Parada, Manuel Rubén Vila, Francisco Camilo Orce, Enrique Benjamín Bonifacino, José Luis del Valle Figueroa, José Ernesto Cuestas y José Roberto Abba.
El tribunal dispuso que las audiencias se transmitan en directo a través del Centro de Información Judicial, incluidas las etapas de producción de la prueba -testimonial, documental e inspecciones oculares-, con las excepciones que en cuanto a la prueba testimonial se den a conocer con antelación.
En la lectura de los dos requerimientos de elevación a juicio, la fiscalía definió al Operativo Independencia (OI) como “un plan sistemático de exterminio”, “parte de un proceso que terminó en el golpe del 24 de marzo, un ensayo de la metodología represiva que se aplicó luego al país”. Inaugurado con el decreto secreto de Isabel Perón, constituyó “la primera experiencia del terror estatal”.
La lectura abarcó en una primera etapa el marco regulatorio y normativo del OI, describiéndose los códigos militares heredados desde la dictadura de Onganía y también la legislación del gobierno de Perón e Isabel, como la reforma al código penal y, desde ya, los decretos de febrero de 1975. En este tramo se desarrolló la doctrina impartida por los ejércitos franceses (de su experiencia en Indochina y Argelia) y estadounidense (de la guerra de Vietnam).
Luego se pasó a una descripción de la cadena de mandos, la división táctica de las fuerzas represivas en la provincia y las etapas del OI. La militarización total de la provincia, enumerando diferentes operaciones de detenciones masivas. El nivel de despliegue militar y la represión sobre las poblaciones del interior provinciales demuestran que un objetivo central era el movimiento obrero. En diferentes tramos de la audiencia se nombraron ingenios como el Fronterita o el ex ingenio de Lules, y empresas con la citrícola San Miguel, como ejemplos de quienes colaboraron con la represión.
También se retomó las definiciones que da Acdel Vilas en su libro sobre su comandancia en el OI, quien habló de una “guerra de inteligencia” donde la obtención de información a través de la tortura era una ley. Así se estableció un circuito clandestino de secuestros, torturas y nuevos secuestros a través de la información obtenida con métodos vejatorios. La clandestinidad de los operativos clandestinos era acompañada por una fuerte campaña psicológica.
En el último tramo, antes del cuarto intermedio del mediodía, se procedió a una descripción de los centros clandestinos de detención (CCD). Durante el periodo citado, se constataron el funcionamiento de 30 CCD en la provincia, que constituían circuitos y subcircuitos, considerando a la Escuela Diego de Rojas (“la Escuelita de Famaillá”) como el primer CCD. El resto funcionó en dependencias de las fuerzas de seguridad, edificios estatales y predios relacionados con las principales familias de la industria azucarera.
Luego de leer el contexto, se comenzó con la lectura de los hechos repasando cada uno de las 270 víctimas del juicio. Finalmente se leyeron 124 casos de los 270. Los restantes se leerán hoy.
