Luego del desalojo sufrido el miércoles de la semana pasada por 16 familias de la comunidad Indio Colalao, en la localidad de San Pedro de Colalao, la Unión de Pueblo Diaguitas se decretó en estado de alerta y este jueves se movilizó por las principales calles de la capital tucumana para exigir a las autoridades judiciales y del Ejecutivo que defiendan los derechos de las comunidades ancestrales.

En este marco, los manifestantes protestaron primero en los Tribunales penales de Av. Sarmiento al 400, en donde le solicitaron al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez que tome cartas en el asunto e instruya a los fiscales y jueces para que hagan respetar la ley 26.160 de protección integral de los derechos de los pueblos originarios. "No es la primera vez que sufrimos un desalojo. Ya se nos inventaron causas donde imputaron a varios de nuestros hermanos comuneros y se le terminan entregando nuestras tierras a terratenientes", expresó Ivana Morales, secretaria de la comunidad Indio Colalao, quien acusó al juez Franciso Pisa, al ex fiscal Guillermo Herrera y la fiscal Adriana Gianonni de tener connivencia con los personas con los cuales se disputan las tierras. 

En cuanto a la situación que se desencadenó la semana pasada en una Costanera del río Tipas en San Pedro de Colalao, el cacique de esa comunidad, Salvador Chaile, aclaró que el desalojo es "totalmente ilegal porque esa propiedades son públicas y no pertenecen a ningun terrateniente". En este sentido, aclaró que "no dejaremos de marchar y de manifestarnos hasta que nos devuelvan lo que nos corresponde y dejen de desalojarnos. Tienen que cumplir con las leyes y respertar nuestros territorios".