Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. “Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax”, añadió.
Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la
Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a
partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente
Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a
renunciar.
La escalada represiva y de muerte ha escalado forma
vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue
conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada
presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares
que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y
la estabilidad pública”.
El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer
uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los
operativos”.
El conocimiento de la autorización para proceder a actuar
con impunidad llega cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada
Boliviana (FAB) de salir a las calles.
“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”,
escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter, tras darse a conocer la
noticia.
La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles
de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la
Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los
levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.
A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y
helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presentes a diario en las
inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el
poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.
Esta situación de escalada se vio agravada por las
declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras
de “grupos subversivos armados”. De esta manera, tres elementos centrales han
sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su
justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.
En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de
Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que
se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones
centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones
libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.
La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de
prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de
diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí
anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día
martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.
Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz,
actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria
“busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca
la convulsión”.
El tema electoral es una de las variables centrales de la
actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura
anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones
presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito
legislativo.
Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el
gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras
tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes
políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en
escenarios como la masacre de Cochabamba.
El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado
las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado
las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que
avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase
política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de
la protección político-diplomática norteamericana.
La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede./Fuente: Página12.