Luego de la viralización de múltiples mensajes con información falsa respecto a la pandemia de Coronavirus, que surgieron a raíz del ascenso de los casos positivos en nuestra provincia, la Legislatura decidió ponerle un freno a esta problemática y la convirtió en una contravención. Por unanimidad, los legisladores tucumanos aprobaron este jueves la modificación del Código de Contravenciones Policiales para agregar un nuevo apartado titulado "publicación o difusión de noticias falsas".
Es así que a partir de su promulgación, podrán ser sancionados
con hasta 10 días de arresto o multas de hasta un salario mínimo a quienes
difundan noticias falsas con intención de engañar o confundir. “En la pandemia se
han difundido muchos mensajes con información falsa que generó temor, angustia
e incertidumbre. Demasiada angustia genera la pandemia como para que esto
empeore por algunos inescrupulosos. Es necesario acabar con las noticias falsas
porque hacen mucho daño. Lo que hemos buscado hacer es que se sancione porque
esto hace demasiado daño”, argumentó el legislador Javier Morof, uno de los
autores de la iniciativa.
Según el texto de la norma, el castigo alcanzará a
"quienes a sabiendas difundieren, publicaren, propagaren o
divulgaren" noticias que resultan "total o parcialmente falsas"
con el fin de "llevar a la población intranquilidad o temor, alterando así
el orden público y/o democrático, siempre que el hecho no constituya delito y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera
corresponderle".
En cuanto a la aplicación de las sanciones, la idea del proyecto es que la ley sea
resguardada por los juzgados de contravención, pero como aún no se avanzó en la
designación de los magistrados que ocuparán esos cargos, continuará a manos de
la Policía, hasta tanto se convoque a concurso para esas vacantes.
Vale recordar que la ley de Contravenciones data de la última dictadura militar y cuenta con múltiples planteos de inconstitucionalidad, así como también varios fallos de la Corte van en ese mismo sentido. Durante años, varias organizaciones sociales y de Derechos Humanos, además de profesionales de la ley, han reclamado al poder político que se derogue esta norma por considerar que permite el abuso de autoridad y las detenciones arbitrarias. Esta es una vieja deuda que la política fue postergando período tras período y que no parece que se vaya a saldar en el corto plazo.