Al aire de Radio Prensa, la secretaria adjunta del gremio judicial, Alejandra
Martínez, detalló los lineamientos generales de la denuncia que interpusieron
este jueves en el Palacio de Justicia: “El Dr. Leiva ha incurrido en graves y
reiteradas inconductas como vocal de la Corte Suprema. Ha quedado de manifiesto
su accionar al presionar a jueces para intentar direccionar los procesos, siempre
a conveniencia del Poder Ejecutivo o Legislativo”.
La presentación de la UEJN se da luego de que el magistrado del Tribunal de Impugnaciones de la provincia, Enrique Pedicone, denunciara que Leiva lo presionó para que “maneje
la intensidad” del expediente penal por presuntos delitos sexuales y corrupción
contra el legislador Ricardo Bussi. Al respecto, Martínez sostuvo que “esto
termina por demostrar que –Leiva- no es un juez imparcial ni independiente”.
En esta misma línea, el lunes concurrirán a la Legislatura
para solicitar que se de inicio al proceso de destitución del magistrado. “Vamos
a presentar un pedido de juicio político ante la Legislatura, porque sabemos que
desde que asumió como vocal de la Corte se ha dedicado a presionar a jueces
para que los fallos salgan de determinada manera. No vamos a permitir que se atropelle
a jueces y fiscales independientes”, remarcó la dirigente gremial.
Martínez argumentó en este sentido que Leiva "ya había
tenido esta actitud en dos oportunidades”. “El primer caso fue con el constitucionalista
José Roberto Toledo y el segundo con Javier Noguera, a quien Leiva pretendía
que se lo sobresea", contó en conversaciones con el programa Gente de
Prensa.
Para avalar la denuncia, la UEJN presentó evidencia documental sobre la presunta conversación que mantuvieron Pedicone y Leiva. Los archivos de ese diálogo, que habría ocurrido a finales de julio, en instancias donde la causa Bussi giraba en la órbita del por entonces camarista penal, fueron puestos –según Pedicone- a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos donde ingresó la denuncia para que se investigue al juez de la Corte Suprema por tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público.