“Todos los industriales azucareros del país tuvieron algo que ver con el asesinato de Atilio Santillán y de 130 obreros más. Además de eso, también son responsables de lo que ocurrió con los ingenios en Tucumán. Fueron 4 industriales azucareros de Tucumán, más Carlos Pedro Blaquier de Ledesma”, sostuvo Santillán en una charla que mantuvo con David Correa y Oscar Gijena para el programa “El Conejo Negro”.

Las duras expresiones del histórico peronista apuntan al proyecto presentado por la Federación Económica de Tucumán, desde donde proponen ciertos beneficios impositivos, aportes no reintegrables, subsidios y reintegro de inversiones para empresas tucumanas, a modo de resarcir el daño económico ocasionado por el “Operativo Tucumán”, que entre otras cosas provocó el cierre de 11 de los 15 ingenios tucumanos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1966.

Para Santillán, el proyecto elevado por la FET es “una copia del Operativo Tucumán, con el que solo buscan hacer negocios un grupo de delincuentes, como es el caso de Rocchia Ferro y Catalina Lonac. La gente se tiene que dar cuenta que no pueden seguir ignorando estas situaciones. Rocchia Ferro se hizo del ingenio San Pablo con dinero de las arcas provinciales y el poder político de la provincia es cómplice de toda esta situación”, señaló.

El verdadero plan de “Reparación Histórica”, sostiene el dirigente, comenzó a cristalizarse en 1973 con el retorno del peronismo al poder. “Para 1976, el cuerpo de delegados de la Fotia elabora un plan de reparación de los ingenios, que buscaba materializar las luchas del gremio y de los obreros. Dentro del plan, que se comenzó a ejecutar con la llegada del general Perón, logramos que se firme la resolución presidencial para la reapertura del ingenio Terán, Santa Ana, Santa Lucía, Los Ralos y San Antonio, una resolución que aún no se cumplió. Esa reparación es lo que buscaron hacer desaparecer los militares, en conjunto con los empresarios, durante la última dictadura”, agregó.

En este sentido, recordó que dicha iniciativa se concretaría con la producción de la empresa CONASA y que además se gestionaría la nacionalización de la actividad azucarera para que nunca más se cierre un ingenio. “Se terminaba el monopolio azucarero", apunta. “Lo que pasó en realidad es que los industriales pagaron 4.640.000 dólares, mediante una ley tramposa, a Bussi por esos crímenes. Luego, el genocida Bussi abrió cuentas en el país y en el exterior, a nombre de sus hijos José Luis y Ricardo, hija y esposa. Es su hijo Ricardo (actual legislador de la provincia) el que disfruta de esa plata mal habida”, subrayó.

Para Santillán está más que claro que este proyecto de la FET, al igual que el de Onganía en aquella época, es parte de un plan para quedarse con el monopolio azucarero en Tucumán. “Ellos fueron los que impulsaron el cierre de los ingenios en la década del 60 y ahora hablan de reparación”, insistió.

Por otro lado, el peronista aseguró que algunas de las empresas que se verían beneficiadas de aprobarse el proyecto de la FET, pertenecen a las familias de los ideólogos, además del cierre de los ingenios, del golpe de Estado de 1976. “El fiscal federal Francisco Delgado realizó una investigación que sustenta todo esto que estoy denunciando. Él comprobó que en la calle Azcuénaga 1662, en Capital Federal, propiedad de Carlos Pedro Blaquier, comenzó a planearse el golpe de Estado a Perón en 1973. Los civiles que llegan al poder son todos de esta rama: Martínez de Hoz es socio de Blaquier desde 1946; Nicholson (padre de un directivo de la empresa Ledesma) también tuvo un cargo de preponderancia con respecto a CONASA; también estaba Jorge Zorreguieta, padre de la reina Máxima, que también es un delincuente; por último, Prat Gay, que asumió un cargo en el Banco Nación”, sentenció.

El cierre de los ingenios

El 22 de agosto de 1966, el decreto 16.926 firmado por Juan Carlos Onganía dispuso la intervención de siete ingenios tucumanos, dando inicio a la crisis total de la industria madre tucumana. Hacia 1968, cerraron los ingenios San José, Nueva Baviera, San Antonio de Ranchillos, Los Ralos, Amalia, Santa Ana, Santa Lucía, Lastenia, San Ramón, Mercedes y Esperanza, lo que dejó sin trabajo a más de 50.000 tucumanos y obligó a migrar a Buenos Aires o Rosario a más de 200.000 comprovincianos, un cuarto de la población de la provincia, buscando nuevas posibilidades laborales y condenando al olvido a campos y parajes del este y sur de Tucumán.

El proyecto de la FET

El proyecto de Ley Nacional contempla que el "Régimen de Reparación Histórica Productiva de Tucumán" beneficiaría a empresas radicadas en nuestra provincia que incrementen su capacidad instalada y personal contratado o aquellas que se radiquen en territorio tucumano con planta permanente de por lo menos 50 empleados. A las mismas se propone otorgar beneficios principalmente impositivos:

a. Exención parcial de tributos nacionales a las empresas y emprendimientos que general radicaciones industriales y productivas que generen mano de obra en la Provincia de Tucumán.

b. Reintegro parcial las inversiones en obras de infraestructura y de nexo, necesarias para la ampliación y/o instalación que realicen las empresas industriales y productivas anteriores.

c. Subsidios parciales de las tasas de interés de las líneas crediticia o de asistencia financiera para la inversiones y capital de trabajo que tales empresas lo requieran para su instalación y capital de trabajo.

d. Aportes no reintegrables a la Provincia de Tucumán para la ejecución de las obras viales, energéticas, logísticas, hídricas, sanitarias, etc. que se requieran para la creación de parques industriales e instalación de las empresas antes citadas.

e. Otros que pueda disponer el Poder Ejecutivo.

f. Las exenciones y subsidios podrán ser de aplicación con una disminución escalonada de mayor a menor, para permitir una adaptación progresiva al efecto que la eliminación de los mismos genera en las estructuras económicas de las actividades productivas.

Por su parte, el proyecto de Ley Provincial establece los mismos términos y propone los siguientes beneficios para empresas radicadas o que se instalen en la provincia:

a. Exención parcial de tributos provinciales.

b. Reintegro parcial las inversiones en obras de infraestructura y de nexo, necesarias para la ampliación y/o instalación de las mismas.

c. Colaboración y trámite urgente de las factibilidades de servicios públicos, permisos, certificados medioambientales, registraciones inmobiliarias y catastrales, finales de obra, habilitaciones, etc. que requieran las empresas que soliciten la inclusión en dicho régimen.

d. Otros que pueda disponer el Poder Ejecutivo.