“La causa Memorándum es, sin lugar a dudas, uno de los procesos judiciales más escandalosos que registran los anales de nuestra jurisprudencia. En el marco de este proceso, los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (visitantes asiduos del expresidente Mauricio Macri) tomaron una participación decisiva sin la cual jamás se habría llegado a la instancia de juicio oral”. En un escrito de 64 páginas, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner volvió a reclamar el sobreseimiento de todos los imputados en el expediente del Memorándum de Entendimiento con Irán, ubicando la causa como una más de las armadas para perseguir a la vicepresidenta. Las abogadas del actual ministro bonaerense Andrés Larroque insistieron en que no hubo delito alguno en la firma del tratado con el gobierno persa, que las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes nunca se levantaron y que el Memorándum jamás entró en vigencia, por lo tanto, no hubo un acto jurídico válido. El fiscal de Casación, Javier De Luca, lo sintetizó así: “Cualquier caso penal sólo se puede comenzar si el hecho denunciado es delito. Y esto aquí no es delito, como lo vengo diciendo desde 2015”.
Lo que debe decidir la Cámara de Casación
La Sala I de la Casación, integrada por Diego Barroetaveña -que condujo la audiencia-, Ana María Figueroa y Daniel Petrone debe resolver si se hace o no el juicio oral por el Memorándum con Irán. El Tribunal Oral Federal a cargo, el número 8, sostuvo que no existe delito y por lo tanto no hay que hacer el juicio. Esa decisión fue apelada por la DAIA y por dos familiares de las víctimas del atentado, muy allegados a la dirigencia judía. Es una movida en línea con referentes de Juntos por el Cambio.
Por lo tanto, en la audiencia de este jueves, las defensas presentaron escritos o expusieron oralmente, todos pidiendo que se confirme la decisión del TOF 8 para que el juicio no se haga y se ratifique el sobreseimiento de los imputados. Carlos Alberto Beraldi, abogado de CFK, y Aníbal Ibarra, de Oscar Parrilli, presentaron un escrito. Lucila Larrandart y Graciana Peñafort, por Andrés Larroque, y Adrián Albor por Luis D’Elía, hablaron en la audiencia y también lo hicieron el fiscal ante la Casación, De Luca, y Luis Kon y Horacio Lutzky en nombre del Movimiento Argentino Judío, organización que se presentó como amiga del tribunal y que sostiene que “la DAIA no representa a toda la comunidad judía”.
El Memorándum es parte de la persecución a Cristina
El escrito de Carlos Beraldi impacta porque no se centra en los detalles procesales, sino que presentó un demoledor panorama de lo que fue la persecución durante el gobierno de Macri. “Más allá de la manifiesta inexistencia de delito en el caso, es claro que estamos frente a una evidente falta de independencia e imparcialidad”, resume el texto.
Se presenta una secuencia devastadora sobre la intervención del macrismo en la Justicia: la tentativa de poner, por decreto, dos jueces en la Corte Suprema; el armado de "Pepín" Rodríguez Simón, hoy prófugo; la persecución a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó; la utilización de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la AFIP, el Banco Central, la AFI, el espionaje ilegal, todo en función de la persecución; las prisiones preventivas con la llamada “doctrina Irurzun”, la vejación al exvicepresidente Amado Boudou; la mesa judicial y, finalmente, las visitas a escondidas Olivos y Casa Rosada de los jueces decisivos en la causa Memorándum, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tras visitar a Macri reabrieron la causa con un expediente paralelo.
Beraldi situó el caso Memorándum en ese marco, el único que explica -según señala- que un expediente que estaba cerrado por inexistencia de delito, se reabrió con el protagonismo de Claudio Bonadío, Hornos y Borinsky.
Aníbal Ibarra, en representación de Parrilli fue por el mismo camino: “Francamente, esta causa es la prueba irrefutable de una auténtica farsa. Sí, como se lee, una faraónica farsa que corroe los más elementales criterios de lo que denominamos sentido común. El Memorándum fue aprobado por el Congreso, pero además, nunca entró en vigencia. Las órdenes de captura no se levantaron y estamos hablando de un delito imposible porque sólo un juez podía levantarlas”./Página12
