De la mano del decretazo desregulador, el presidente Javier Milei le pide ahora al Congreso que lo autorice a legislar en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. El pedido se encuentra en el proyecto de "ley ómnibus" que envió el gobierno este miércoles y que contiene 664 artículos que suman más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU, y que será tratado durante las sesiones extraordinarias.

"Se propone que el Congreso haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", indican los considerandos del proyecto de ley.

La iniciativa parlamentaria ingresó por la Cámara de Diputados después de las 15 e incluyó una foto protocolar para registrar el momento en que el ministro del Interior, Guillermo Francos, le entregó en mano el texto al titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

Ya desde el artículo 1º, el proyecto adelanta que "contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto".

En el artículo 3º, además, se declara "la emergencia pública" hasta el 31 de diciembre de 2025, y se concede que ese plazo "podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años". Así, Milei se garantizaría sus cuatro años de mandato con las facultades del Congreso delegadas a sí mismo.

La medida deberá ser debatida por ambas Cámaras para entrar en vigencia y contrario a lo que ocurre con el DNU 70/2023, en este caso los legisladores pueden aprobar o rechazar artículos específicos del proyecto. De este modo, por ejemplo, podría autorizarse al Ejecutivo a avanzar en la privatización de empresas estatales, pero rechazar otorgarle atribuciones extraordinarias.

De todos modos, la simple presentación del pedido de delegación legislativa en prácticamente todas las materias ya es controversial, pues apunta a anular al Congreso e instituir una cuasi-monarquía. Teniendo minoría en ambas cámaras, la Libertad Avanza necesitará encontrar aliados para conseguir la aprobación de las reformas, y aún consiguiendo los números necesarios, deberá también sortear al Poder Judicial y la catarata de pedidos de declaración de inconstitucionalidad que derivarán de una delegación de tal magnitud, rechazada expresamente por la Carta Magna en su artículo 29.

"El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria", reza el texto constitucional que pone freno a los abusos de autoridad y a la concentración del poder en Argentina.