El gobierno presentó la ley ómnibus en su nueva redacción acotada, luego de que el oficialismo fracasara en Diputados el proyecto original que envió la gestión de Javier Milei. Incluye la declaración de emergencia por un año, la facultad de privatizar empresas del Estado, accionar sobre organismos descentralizados y fideicomisos, entre otras cuestiones.

A diferencia de su versión anterior, la nueva ley de Bases incluirá el capítulo de la reforma laboral. La Casa Rosada hizo un acuerdo particular con la UCR: ante la insistencia de los radicales para incluir en la ley “Bases” la reforma laboral que estaba en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia, los funcionarios de Milei le propusieron al jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, que su bloque presente por cuerda separada un proyecto de ley para incorporarlo al texto de la nueva ley ómnibus durante el tratamiento en comisión. Se espera que esta iniciativa de la UCR se presente este miércoles.

La nueva versión será sensiblemente más acotada que la reforma laboral contenida en el DNU, y, en principio, no tocará los aspectos más ásperos en la relación con los gremios, como la no obligatoriedad de los aportes sindicales o la prohibición de protesta, asambleas y bloqueos. El texto se conocerá, precisamente, cuando la Casa Rosada reciba a la CGT, que venía amenazando con un nuevo paro general.

La nueva versión de la ley ómnibus solo conserva del universo laboral lo referido al blanqueo y moratoria para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores. Así, el proyecto contempla extinciones de acciones penales, condonación de deudas y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

La reforma que presentarán los radicales incluirá un período de extensión de prueba mayor que el actual, un fondo de cese laboral voluntario y la eliminación de multas por falta de registración. Distintas fuentes libertarias reconocían desde hace días que no era la reforma que ellos querían, ya que buscaban algo más drástico, como lo mostró el texto del DNU, pero que esto era lo que había propuesto la oposición dialoguista y “es mejor que nada. Algo va a destrabar”, decían. Al tiempo que para una reforma más disruptiva cifran sus expectativas en lo que pasará después de 2025 con una nueva composición parlamentaria.

El capítulo fiscal tendrá la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con piso de 1,8 millones de pesos para solteros y 2,2 para casados con hijos. Además de un blanqueo sobre el que el propio presidente Javier Milei adelantó públicamente: “Habrá que hacer un blanqueo más flexible para que puedan blanquear”.

La nueva ley ómnibus incluye solo cuatro emergencias y pedido de facultades delegadas al Congreso de las once reclamadas originalmente: administrativa, económica, financiera y energética, y por el plazo de un año.

De las 40 empresas estatales y sociedades del Estado que el proyecto original buscaba privatizar, en la nueva versión la cuenta se reduce, pero igual afecta a entidades de envergadura. Por caso, quedan sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Además, quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).

A estas nueve empresas se suman otras nueve que podrán privatizarse parcialmente si se aprueba la ley. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina SA, el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Estas últimas empresas “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”, señala la ley.

En cuanto al paquete fiscal, el proyecto incluye una moratoria de deudas impositivas, aduaneras, y de la seguridad social; el blanqueo de capitales; modificación del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, e impuestos internos; y del monotributo, además de otros temas.

Además, el esquema fijaría una escala progresiva de tributo que arranca del 5 por ciento hasta llegar al 35 por ciento, al tiempo que contempla una actualización por IPC para que se mantenga la proporcionalidad inicial.

Con este acuerdo el Gobierno no sólo logró volver a instalar el tema sino alcanzar un apoyo de los bloques que fueron los que pugnaron por un piso superior al 1,2 millones de pesos que estaba pautado. Se espera que los proyectos sean tratados en comisión la semana próxima para alcanzar a fin de mes el debate en el recinto.