Al cierre de 2023, las empresas del sector se habían quedado con el 70% de la generación de riqueza, mientras que la participación de los trabajadores fue del 16,6%, diez puntos menos que un año atrás.

 “Esto tiene que ver con un avance de los precios internos de los alimentos  y una mayor apropiación de la renta a partir de las remarcaciones y su posición dominante”, analizó Ernesto Mattos, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación. Con la eliminación de todo tipo de control estatal, sumado a una nueva desregulación económica, y la licuación de todos los ingresos, la administración de Javier Milei apuesta a incrementar la brecha a favor del sector privado.

Según los datos del Indec publicados en su informe sobre generación del ingreso, durante 2023, la participación de la remuneración al trabajo asalariado (RTA) alcanzó el 45,3% del valor agregado bruto (VAB), es decir, de la riqueza generada en el país. En relación al cierre del 2022, fue una suba de 1,53 puntos porcentuales, mientras que  la participación del excedente de explotación bruto (EEB) – la riqueza captada por el sector privado- descendió en 2,01 puntos porcentuales.


¿Estos datos indican que mejoró la distribución de la riqueza? Al analizarse la situación hacia el interior de cada rubro económico, la respuesta se vuelve negativa. Incluso, al ponderar los resultados desde el 2020 “se percibe que el trabajo, es decir los trabajadores, perdieron 6 puntos en la distribución de la riqueza mientras que el capital avanzó 8 puntos”, explicó Mattos.

En parte, la acentuación de estas inequidades –que se vuelven más estructurales a partir de la retirada del Estado en la era Milei- podría explicarse por el crecimiento del trabajo no registrado. El año pasado, los puestos totales alcanzaron el número de 23.045.000, “lo que representó una suba de 3,6% respecto a igual trimestre de 2022, y se destacó el incremento observado en los puestos de trabajo asalariados no registrados (6,4% i.a.)”, destacó el Indec.

Con este mapa puede comprenderse mejor el cuadro social heredado por la administración Milei, agudizada al extremo desde sus primeras horas de gobierno. El plan de miseria planificada no se detiene.

Entre el cuarto trimestre del año pasado y el mismo período del 2022, la pobreza creció en cuatro puntos porcentuales: casi 2 millones de nuevos rostros (con nombre, apellido, identidades e historias) pasaron a ser considerados pobres. La indigencia incorporó, en tan solo doce meses, 3 millones de personas más. La devaluación del 13 de diciembre hizo lo suyo.

De acuerdo al Indec, los ingresos totales familiares del 80% de los hogares del país no superaban los 578.000 pesos al cierre del año pasado.



El sector agropecuario y ganadero es representativo de la inequidad fabricada en el país, acentuada al extremo a partir de la destrucción de todos los resortes estatales que podrían ponerle un coto a los abusos de posición dominante vinculado a los alimentos que se consumen en el país.

En 2022, este sector se había quedado con el 50 por ciento de la generación de la riqueza producida desde “el campo”, mientras que la remuneración hacia los  trabajadores orillaba el 27%. Un año después, sequía de por medio, dólares soja a demanda de los exportadores y una inflación desbocada, las empresas se quedaron con el 70% y los trabajadores, con el 16%.

Pero el ensanchamiento de esta brecha no fue solo en el campo. En el caso de la industria, las empresas se apropiaron del 50% de la riqueza mientras que sus  trabajadores, el 30%. Un año antes, los trabajadores y trabajadores habían participado con el 33,8%. Es decir, se consolidó una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el sector privado (concentrado).

Para el Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (CIFRA – CTA), “la transferencia de de ingresos del trabajo al capital alcanzó a los 87.800 millones de dólares dólares entre 2016 y 2023”. A partir de diciembre del año pasado, vía una devaluación por shock, Milei acrecentó la brecha.

El trabajo no siempre dignifica.
¿Qué pasa con la precarización?

En 2023, la cantidad de trabajadores hacia el interior del rubro agro y ganadería ascendió a los 1.590.000, según el relevamiento del Indec. De este total, los peones y trabajadores del campo registrados no superaban el 20%. La informalidad y precariedad de vida de los peones es ley. Los no registrados llegaron a las 637.000 personas, un 40% del total de trabajadores.

La ausencia del Estado no solo le permitirá a las empresas concentradas ampliar la captación de riqueza vía salarios escuetos y la remarcación de precios de los alimentos que también exportan; en muchos lugares recónditos del país, la precariedad laboral muta fácilmente en trata laboral.

La trata de personas con fines laborales en el sector rural es un tema que suele escaparse de las estadísticas sobre exportaciones, consumo interno y precios internacionales. La esclavitud en el siglo XXI existe. “Si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, eso es la libertad”. Esta frase de Bertie" Benegas Lynch es similar a otra formulada por el ex presidente interino Ramón Puerta: “Es cultural que los chicos vayan con sus padres a trabajar en las tarefas” (De Patrones y Peones, 2016).

En 2023, hubo 15 procesamientos sobre trata de personas en el sector rural, según datos de la Procuraduría contra la trata de personas y la explotación laboral (Protex). De este total, 3 fueron en el sector hortícola, dos en campos ganaderos, otros dos en la actividad forestal y uno en una empresa avícola. También se firmaron 10 sentencias. Las denuncias a la línea 145 llegaron a las 273 de un total de 663.

En 2022, la Protex avanzó con 19 procesamientos por trata de personas en el sector rural y 14 sentencias.

Con la retirada del Estado, no solo se acentuará una transferencia de riquezas hacia los sectores concentrados. Los trabajadores y trabajadoras rescatados de una situación de explotación extrema (y los que aun faltan) quedaron más desprotegidos.

Desde diciembre, el Gobierno de Milei retiró los fondos de asistencia inmediata a víctimas. “Los primeros auxilios económicos que existían no están llegando”, indicaron a El Destape desde la Protex.

Esta situación, prácticamente invisibilizada en los medios de comunicación, se agrava con el desmantelamiento del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas que funcionaba bajo la órbita de Jefatura de Gabinete y trabajaba en sintonía con la Protex. Su director era Gustavo Vera, referente de La Alameda.

“El gobierno abandonó los programas de asistencia a víctimas de trata. Los programas de inclusión laboral, asistencia terapéutica, soluciones habitaciones, todo quedó paralizado”, denunció Vera. Por decisión de Milei, dicho Comité fue transferido bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.  

En tiempos donde los sectores rurales siguen despotricando contra el pago de impuestos, los exportadores presionan por una devaluación y la comida se vuelve un privilegio, ¿qué sucederá con los peones precarizados al extremo, una explotación que sucede a la vista de todos y todas?Por
Sebastián Premici EL DESTAPE