La senadora nacional y jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, inició el 8 de marzo pasado una demanda judicial al Poder Ejecutivo Nacional por el cierre de la Agencia de Noticias Télam anunciado por el presidente Javier Milei, pero al no haber explicaciones al respecto solicitó la declaración en rebeldía.

La demanda llegó el pasado 12 de abril a manos del juez a cargo del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo 10, quien le dio cinco días al PEN para brindar información sobre los hechos.

Este lunes, con el plazo ya cumplido y sin respuestas, se solicitó la declaración en rebeldía de Javier Milei porque “no aportó informes, antecedentes ni brindó explicaciones por el cierre intempestivo y la licencia a más de 700 trabajadores de prensa”.

Así, la senadora recordó que el cierre de la Agencia, anunciado por el presidente Milei en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, se efectivizó durante la madrugada del día 4 de marzo cuando los trabajadores recibieron sus licencias y el edificio sede vallado y con custodia policial.

Sin embargo, el Estatuto de Télam establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 20.705, por lo que “se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos cuatro meses fue cercenar derechos”, expresó la senadora.

Consultada por la importancia del caso, Di Tullio detalló que “el cierre de la Agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fakenews y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”.

“Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, por eso el presidente está tan interesado en siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”, finalizó la senadora.