La apertura del expediente desató una inmediata reacción de las organizaciones de consumidores, que salieron a rechazar el procedimiento y anticiparon batallas legales para frenar el impacto en los hogares.

El procedimiento se formalizó a través de la Resolución N.° 661/26, publicada en el Boletín Oficial, abriendo un compás de espera de carácter técnico y participativo que pondrá bajo la lupa la evolución de los costos operativos de la prestataria durante los próximos días.

El sustento técnico: de la pretensión de EDET al cálculo del ERSEPT

El andamiaje administrativo se activó a raíz de un pedido formal elevado por la distribuidora eléctrica, que solicitó una revisión extraordinaria del Valor Agregado de Distribución (VAD) —el componente tarifario que retribuye los costos propios de operación— argumentando una suba del 10% en el Índice Representativo de los Costos Directos (IRCP) medida hasta el mes de mayo.

Sin embargo, los equipos económicos del organismo regulador aplicaron la metodología oficial vigente para el trimestre abril-junio de 2026 y obtuvieron un registro del 5,04%.

Si bien este guarismo se ubica por debajo del reclamo empresario, superó holgadamente el piso del 3% estipulado en las normativas para habilitar la apertura formal del análisis. Desde el ERSEPT aclararon que este porcentaje inicial no constituye el incremento final que se trasladará a las facturas, sino el umbral matemático necesario para iniciar la revisión tarifaria orientada al trimestre agosto-octubre de 2026.

La respuesta de las entidades que nuclean a los usuarios no tardó en llegar. El titular de la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (FODECUS), José García, cuestionó con dureza la convocatoria del ente regulador y advirtió sobre la imposibilidad material de los tucumanos para absorber nuevos cargos fijos o variables.