Se intentó en diciembre del 2023 con el megaDNU 70/23, pero lo frenó la Justicia. Se intentó nuevamente, esta vez con éxito, a mediados del 2024 con la ley de Bases. El capítulo laboral de la aberrantemente extensa normativa incluía, entre otras cosas, la posibilidad de reemplazar el sistema de indemnizaciones por un fondo de cese laboral, siempre y cuando los sindicatos aprueben su incorporación en los convenios colectivos.

En la actualidad, salvo en la construcción, y en algunos otros pocos rubros donde el trabajo es temporario o estacional, en todos los demás el trabajador despedido sin causa percibe como indemnización un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. El mecanismo es una forma de protección del empleado frente al despido arbitario. Así, por ejemplo, protege a un trabajador que reclama a su patrón mejores salarios o mejores condiciones laborales, o que participa de una huelga legal convocada por su gremio, de posibles represalias de su patrón. Parte además de un concepto básico incorporado en la Declaración de los Derechos Humanos, que niega la posiblidad de que las personas sean tratadas como objetos descartables.

Para darle un marco de legalidad, la normativa establece que debe surgir como parte de una negociación colectiva. El rol de los sindicatos es entonces fundamental para que la iniciativa avance o caiga en el olvido. Es por eso que la reforma laboral viene acompañada de una reforma de la ley de asociaciones sindicales, cuyo objetivo es doblegar a los dirigentes gremiales y no encontrar resistencia para imponer el nuevo régimen.

"Cuando se busca reemplazar el sistema de indemnizaciones, supuestamente para dar mas seguridad al empleo, en realidad es todo lo contrario", sostiene Muntaner. Según el especialista, "la indemnización le asegura estabilidad al trabajador porque es más caro despedirlo de manera arbitaria. Con el fondo de cese se habilita el despido sin causa y se reduce el costo de un empleador de echar empleados de manera arbitaria, generando una mayor sensación de inseguridad en la parte más débil de la relación laboral".

En cuanto al proyecto en sí, Muntaner aclaró que "deja muchas dudas", en primer lugar, "porque no se sabe quien es el que va a aportar al fondo". En segundo lugar, entiende el especialista, porque "al tratarse de un Fondo Común de Inversión del cual el trabajador será acreedor de una cuotaparte, si a vos te depositan una parte de tu sueldo en concepto de indemnización futura, tu indemnización esta atada a la suerte de ese fondo. En un país en donde las crisis son constantes, es más riegoso para el trabajador". "Los fondos no son garantía. Tu plata va a un fondo común de inversión, de donde podes cobrar en caso de despido arbitrario, pero esos fondos pueden no tener una tasa fija y pueden tener variaciones negativas", agregó.

Se trata entonces de un paso más en el camino de fortalecer aún más la posición de los empresarios en la relación laboral. El primero fue habilitar a los sindicatos y las empresas a negociar para introducir en sus convenios colectivos el fondo de cese. La reglamentación del mismo y la habilitación de la Comisión Nacional de Valores para la creación de esos fondos fueron el segundo paso. El tercero ya está en marcha y se debate por estos días en la comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados.

Tras el fallido intento de fines del año pasado, el oficialismo y sus aliados empujan el debate para tratar de llevar al recinto una serie de proyectos que debilitan la autonomía sindical. El objetivo de fondo que comparten la Libertad Avanza y el PRO, y cuenta con el respaldo de algunos sectores de la UCR, es debilitar todo lo posible a las asociaciones sindicales para que toda discusión laboral sea entre empleador y empleado en forma independiente. Con los gremios doblegados, los empresarios, en connivencia con las altas esferas del poder político, no tendrán dificultades para imponer el fin del sistema indemnizatorio y, a la vez, habilitar un negocio multimillonario para las aseguradoras que administren los fondos de cese.

Pero la fórmula no concluye allí. Durante los últimos años se viene produciendo en Argentina un desplazamiento del empleo registrado hacia formas más precarizadas, fundamentalmente el monotributo, que se profundizó desde la asunción de Javier Milei. Con un Estado en retirada -las inspecciones laborales son una rara especie en peligro de extinción- y con la reducción de las sanciones para los empleadores que mantienen empleados sin registrar o mal registrados (Ley de Bases), se ampliaron las posibilidades para la precarización. Lejos de promover la registración, como lo publicitaron al proyecto desde el Gobierno, se generó un incentivo para la informalidad.

Si LLA logra avanzar con las reformas propuestas, podría verse vulnerada la autonomía sindical y con sindicatos con capacidades reducidas o nulas, el fondo de cese no surgirá como resultante de una negociación entre partes iguales, será una imposición por la fuerza.

Al participar del debate por la eliminación de la cuota solidaria de los gremios, que se viene llevando a cabo en la comisión de Legislación Laboral de Diputados, el titular de la CGT, Rodolfo Daer, advirtió que se intenta “cercenar las posibilidades de construir organizaciones sindicales; cercenar la acción sindical". “Lo único que estamos haciendo es intentar disminuir y desvirtuar la posibilidad de equilibrio entre trabajadores y sectores empresarios", sostuvo.

En esa misma línea, subrayó que con la eliminación de las multas para los empleadores precarizadores "se terminó generando cada vez más precariedad e informalidad en el trabajo”.

Para el cegetista no quedan dudas sobre cuales son las pretenciones del Gobierno al impulsar la reforma laboral y sindical: "Buscan desvincular al trabajador del convenio colectivo de trabajo, porque la gran aspiración es no solo la descentralización de la negociación colectiva, sino el descuelgue de la negociación colectiva al romper las vinculaciones: que cada uno discuta su propio contrato laboral o que cada uno pueda discutir su propia convención". Y recordó que "hay un tema laboral que también está incluido en varios proyectos, que tiene que ver con la pérdida de derechos, que es la pérdida de la ultraactividad, que rompe el criterio de progresividad del derecho en la Argentina”.

El principio de ultraactividad al que hace mención el sindicalista protege los derechos adquiridos por los trabajadores aún cuando las convenciones colectivas lleguen a su fecha de caducidad. Puntualmente establece que en tanto no se discuta un nuevo convenio colectivo trabajo (CCT), se mantiene el último acordado, sin importar cuanto tiempo pase. Si se elimina ese principio, casi la totalidad de los CCT perderán vigencia y las relaciones laborales que estos regulaban se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo. Esto implica una pérdida fenomenal de derechos para los trabajadores y obligará a una nueva discusión entre las partes que partirá de cero, en la cual se podrá incorporar el fondo de cese.