En una maniobra cuanto menos interesante, las provincias se unieron para intentar quitarle al Gobierno Nacional una valiosa herramienta de negociación/extorsión: los fondos discrecionales denominados Aportes del Tesoro Nacional. Hasta la fecha, dichos fondos, que se constituyen con el 1 % de la recaudación de la gran mayoría de los impuestos nacionales, fueron utilizados por los sucesivos gobiernos para gestionar un sistema de premios y castigos, favoreciendo a los gobernadores del mismo signo político -o aliados- y castigando a los opositores. 

Reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y luego de fracasar las negociaciones con el Ejecutivo Nacional, los representantes de 21 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (faltaron a la cita los gobernadores de Formosa y de Corrientes), firmaron un proyecto de ley que propone la modificación de la ley de coparticipación (23.548) y del impuesto a los combustibles (23.966). 

El objetivo de la iniciativa, que deberá pasar por el Congreso y sortear un eventual veto presidencial, apunta a engrosar las arcas provinciales, en un momento en el que la recaudación tributaria roza mínimos históricos. En total, según datos oficiales, los envíos automáticos a las provincias (coparticipación) cayeron un 23,3 % real con respecto al año pasado. 

Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en mayo los ingresos totales por el cobro de impuestos cayeron en un 14,5 % interanual, destacando la caída en Ganancias (-44,2 %) y de IVA (-0,4 %). Este último, aún más preocupante, dado que se trata del impuesto más significativo del sistema tributario y de que es un indicador que refleja la contracción de la economía. Comparado contra mayo del 2023, se recaudó por IVA un 18,6 % menos en el quinto mes de este año. 

De superar los obstáculos para la puesta en vigencia de la normativa, las administraciones locales dispondrían de mayores fondos producto de la modificación del artículo 5º de la Ley 23.548, que establece la forma de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, y por la modificación del artículo 19 de la ley 23.966, que asigna el reparto de los ingresos producidos por el impuesto a los combustibles líquidos.

Para este último caso, los gobernadores propusieron eliminar dos fondos fiduciarios creados por esa normativa (de Infraestructura Hídrica y de Infraestructura de Transporte) y que esos recursos -que el gobierno se "ahorra" al no realizar obra pública- se distribuyan conforme al criterio establecido para la coparticipación federal entre Nación y provincias. Además, avanza sobre los ingresos que antes eran destinados al FONAVI, disuelto por el presidente Javier Milei, del tal forma que las 24 jurisdicciones comenzarían a percibir de manera automática y diariamente el 58,36 % del total generado por ese tributo, frente al 10,4 % que perciben actualmente.

No se trata de una cifra menor si se toma en cuenta que el impuesto a los combustibles es uno de los que mayor aumento interanual tuvieron en mayo (producto de la actualización de las alícuotas y de la suba del precio de las naftas), con un 99,1 % de variación positiva, totalizando unos $ 376.026 millones.

En cuanto al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, los mandatarios pretenden eliminar la discrecionalidad para su reparto, logrando un doble objetivo: sumar dinero a sus arcas, por un lado; a la vez que le arrebatarían al Gobierno Nacional la posibilidad de forzar votaciones en el Congreso a cambio de jugosos ATN. Se trata de una ostentosa fuente de recursos de la que disponen los administraciones nacionales y que suelen utilizarse para "convencer" a los mandatarios para apoyar sus iniciativas o bien, para premiarlos por su apoyo. 

En lo que va del 2025, el gobierno de Javier Milei lleva enviadas 18 ayudas financieras por un total de $ 84.000.000.000 en concepto de ATN. Exceptuando a Buenos Aires (que percibió fondos por las inundaciones en Bahía Blanca), entre las provincias más beneficiadas se encuentran Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, cuyos mandatarios suelen acompañar habitualmente los proyectos libertarios. Para el resto del año, el Gobierno todavía tiene más de $ 194 mil millones de la torta total presupuestada para repartir. 

Lo que se viene ahora es un tire y afloje con el Gobierno libertario. Si los gobernadores se mantienen firmes en su postura, el presidente tendría, a priori, dos posibles salidas: negociar o intentar clausurar el debate en el Congreso. La primera, significaría ceder algunos recursos para no perderlos todos, buscando conservar los ATN para su libre disponibilidad y, quizás, una porción mayor del impuesto a los combustibles.

La segunda opción, más díficil de concretar si al frente se plantan todos los jefes distritales y sus respectivos legisladores, implicaría intentar convencer a una cantidad suficiente de diputados y/o senadores para blindar un eventual -y casi seguro- veto presidencial o bien, para evitar que el debate se concrete en ambas cámaras antes de la renovación en diciembre, cuando Milei y los suyos esperan contar con un Congreso más favorable. Si no logra romper la unidad construida este lunes en el CFI, el panorama asoma complicado para un partido gobernante con minorías sensibles en el parlamento.