A raíz del largo conflicto entre los trabajadores del hospital Garrahan y el Gobierno nacional, que se inició en septiembre del año pasado, la oposición en la Cámara de Diputados impulsó la aprobación de una ley que declara la emergencia pediátrica y de las residencias nacionales por un año, a la vez que jerarquiza al nosocomio como "referencia nacional" en atención de alta complejidad.

El proyecto, que se debatió en el recinto en la sesión de este miércoles, obtuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones, lo que da los dos tercios de los votos de los presentes. De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicaría un gasto anualizado de más de $133 mil millones y no se prevé de dónde saldrá esa partida, punto de objeción por parte del presidente Javier Milei hacia las recientes leyes aprobadas por el Congreso y vetadas luego por él.

En su carácter de titular de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin expresó: “Hay mucha expectativa en el sistema sanitario argentino. Celebro que hayamos llegado a este momento sin haber perdido el quórum. Quiero agradecer a todos los bloques su presencia”.

“El Hospital Garrahan no es solo un hospital pediátrico, es la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país. Es la punta de la máxima complejidad del sector de salud de la Argentina, no solo del sector público sino muchas veces del sector privado”, definió.

Yedlin destacó que la mitad de todos los trasplantes infantiles que se hacen en la Argentina, los más complejos se hacen en este hospital. “A lo largo de su historia en la Argentina ha tenido muchos conflictos, no es la primera vez que el Hospital Garrahan tiene un conflicto, pero como tantas medias verdades que este Gobierno dice y vuelve a decir, no todos los conflictos son iguales, no todas las situaciones son iguales”, planteó.

El diputado de UP contó que con los miembros de la comisión visitaron el hospital: “La situación que encontramos fue de enorme preocupación. Por un lado, estaba el conflicto de los residentes nacionales que venían sin aumentos salariales desde el inicio de la gestión de este Gobierno, un 53% por debajo del índice inflacionario”.

Yedlin relató que hay enorme preocupación por la tardanza de medicamentos solicitados que son de urgencia, las obras de infraestructura planificadas y presupuestadas en el hospital, la ampliación de la guardia, la ampliación de la sala de trasplante de médula ósea. “Todas habían quedado detenidas”, contó.

“Hoy la situación del hospital es de crisis. Está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan y eso pone en riesgo a la salud de los niños de la Argentina”, alertó y precisó: “Son 355.000 niños de provincias argentinas por año. En el año 24 vinieron al Hospital Garrahan”, y apuntó contra los gobernadores porque “niños de las provincias vienen a CABA a atenderse porque no hay otro lugar. Esto va mal”.

A continuación, el diputado Facundo Manes (DpS) expresó: “Gastar en salud no es gasto, es inversión. Apoyar a la Ley de protección cerebral o Alzheimer o nuestros hospitales pediátricos es un acto de humanidad y también una estrategia nacional”.

“Una Nación que desatiende a los niños renuncia a su futuro. Una Nación que descuida la inversión en el conocimiento, compromete su destino. La salud cerebral no es un tema médico, es un tema social, económico, educativo y cultural. Afecta cómo aprendemos, trabajamos y envejecemos”, expresó.

Manes sostuvo que “todos los hospitales pediátricos de la Argentina son la primera lucha en al defensa del futuro. En ellos se lucha con humanidad ciencia y esperanza. Las mejoras en la salud de un país trascienden el crecimiento económico del país porque ya no es solo una cuestión médica. No se trata de gasto, se trata de una visión estratégica de desarrollo”.

De la vereda de enfrente, la diputada oficialista Juliana Santillán justificó el rechazo al proyecto por “razones de fondos y de forma porque carece de sustento técnico y promueve el gasto sin control. Va a reforzar burocracias que son ineficientes porque busca legalizar privilegios que son sectoriales en medio de una supuesta crisis que no existe”.

“No estamos frente a un colapso sanitario del Hospital Garrahan que, por supuesto, es el símbolo de la salud infantil, pero el presupuesto del Gobierno aumentó en 287% hacia el hospital con respecto al ejecutado en 2023”, señaló.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo consideró que los trabajadores del Garrahan “junto a los jubilados, son los dos sectores que han marcado el camino de las peleas y que se han transformado en grandes símbolos de la resistencia a esta política de ajuste, saqueo, destrucción de lo público, precarización laboral, ataque a los derechos de los trabajadores y pulverización de los salarios”.

“Nosotros creemos que ningún trabajador del Garrahan debería ganar menos de 1.900.000 pesos al mes de mayo, que es lo que reclamaban, que es el costo de la canasta familiar; y los residentes deberían ver un incremento a 2.700.000 pesos, que es lo que ellos reclamaban y no han percibido a pesar de su lucha persistente”, agregó y defendió que esta causa “es una lucha por el salario, pero también por la defensa de toda la salud pública”.

¿Qué prevé la ley?

El proyecto que recibió media sanción de Diputados declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, "debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".

Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como "hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad" y establece que debe garantizarse "su funcionamiento pleno y sostenido".

Uno de los artículos que se agregó antes de la firma del dictamen fue el que prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

Según el texto aprobado y girado al Senado, se contempla "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".

También, "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas". Allí, se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. "La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023", indica.

Finalmente, se estipula la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, "y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias".

Por otra parte, se prevé la creación de “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, añade el texto.

El conflicto del Garrahan comenzó en septiembre del año pasado, con el primer paro de médicos desde que arrancó la gestión de Milei, en reclamo por los sueldos bajos y el retorno del impuesto a las Ganancias.

Al mes siguiente, en una de sus primeras decisiones, el ministro de Salud, Mario Lugones, despidió a los integrantes del Consejo de Administración del hospital, que habían dispuesto otorgar un bono de 500 mil pesos para los trabajadores.

En los meses que lleva el reclamo por la recomposición salarial -que contó con declaraciones de descrédito por parte del Gobierno- se estima que ya renunciaron más de 200 médicos.