La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que conduce Mónica García de Targa, convocó para este jueves a una audiencia a los fines de controlar la aprehensión, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un hombre de 44 años, aprehendido el martes pasado en la localidad de Sargento Moya, acusado de provocar un incendio de rastrojos de caña de azúcar en una finca perteneciente a una importante empresa privada.

La fiscalía, representada por el auxiliar César Larry, requirió en primer lugar convalidar dicha aprehensión, puesto que el sujeto, que trabaja en la firma, había sido descubierto infraganti por la policía y personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) cuando iniciaba el fuego en los pastizales.

“El día 5 de agosto, a las 15.30 horas, el imputado se encontraba el predio de la empresa donde trabaja, ubicado a dos kilómetros aproximadamente hacia el Oeste de la localidad de Sargento Moya. Allí, valiéndose de un encendedor a gas, comenzó con la quema de rastrojos de cañas de azúcar sin tomar los recaudos para evitar que las llamas se propaguen hacia las plantaciones de pinos cercanas, creando de ese modo un peligro común mediante el fuego y su propagación, siendo esto un peligro cierto y concreto a las personas y bienes”.

De esta manera describió el hecho el representante del Ministerio Fiscal, para luego indicar que el hombre quedó procesado bajo los cargos de incendio y otros estragos en calidad de autor.

Medidas solicitadas

Por otro lado, el investigador requirió la prisión preventiva del imputado por el plazo de 10 días en virtud del riesgo de entorpecimiento de la investigación.

“Este es un flagelo que hace años viene perjudicando a la provincia. No sólo es un impacto ambiental, sino que también se trata de un tema de seguridad de la población, razón por la cual este Ministerio Fiscal ha endurecido su política de persecución para este tipo de delitos”, manifestó el auxiliar Larry que no descartó la posibilidad de sumar potenciales coimputados con el avance de la causa.

A su turno, el juez interviniente resolvió hacer lugar a la legalidad de la aprehensión y formulación de cargos, y rechazar la medida privativa de la libertad del acusado, reemplazándola por medidas de coerción de menor intensidad por el término de dos meses./MPF