El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández, representante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación para crear una comisión investigadora en el ámbito de la Comisión Permanente de Acción Social y Salud Pública.
El objetivo es determinar las responsabilidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la distribución de fentanilo contaminado, un hecho que, según registros preliminares, causó la muerte de al menos 90 personas en distintas provincias argentinas.
El proyecto, que busca esclarecer las fallas en los controles sanitarios, propone evaluar la actuación de la ANMAT en la supervisión de los laboratorios productores, analizar el circuito de distribución del medicamento en hospitales y clínicas, y verificar si se cumplieron los protocolos de control de calidad y seguridad. Además, se plantea determinar el número exacto de víctimas y establecer la relación causal entre el fentanilo contaminado y los fallecimientos.
La iniciativa establece que la comisión estará integrada por dos representantes de cada bloque o interbloque de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quienes elegirán a sus autoridades y dictarán su propio reglamento, con aplicación supletoria del Reglamento Interno de la Cámara.
Para sesionar, se requerirá la mayoría de los miembros, aunque podrá funcionar con un tercio de ellos tras media hora de espera. La comisión tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe final con conclusiones y recomendaciones, que será publicado en el Boletín Oficial del Congreso Nacional.
En los fundamentos del proyecto, Araujo Hernández destaca la gravedad de la crisis desatada por la distribución de fentanilo contaminado, un analgésico opioide de uso hospitalario que requiere estrictos controles debido a su alto riesgo toxicológico. “La sospecha de que el medicamento contaminado logró ingresar y distribuirse en hospitales y clínicas sin detección oportuna exige una investigación exhaustiva”, sostiene el diputado.
El texto también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sanitario para prevenir futuros episodios y restituir la confianza en el sistema de salud.
El proyecto propone cinco objetivos clave: evaluar la supervisión de la ANMAT, analizar la trazabilidad del medicamento, verificar el cumplimiento de protocolos de calidad, cuantificar las víctimas y proponer medidas normativas para evitar nuevos casos. “Este hecho ha conmovido profundamente a la sociedad argentina y constituye una grave crisis de salud pública con implicancias sanitarias, legales y políticas”, señala el diputado en los fundamentos.
La creación de esta comisión investigadora busca no solo esclarecer las responsabilidades en este caso particular, sino también garantizar que las autoridades regulatorias cumplan eficazmente sus funciones, protegiendo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional.
Araujo Hernández solicita a sus pares la aprobación del proyecto, considerándolo un paso esencial para garantizar la seguridad sanitaria y la transparencia institucional en el país.
