El Gobierno de la Provincia dispuso la exención de Ingresos Brutos para instituciones, fundaciones y transportistas registrados en la ANDIS que brindan servicios a personas con discapacidad en Tucumán. Según el anuncio realizado la última semana, la medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, período durante el cual tendrán alícuota cero en II. BB.
“La problemática de la discapacidad a nivel nacional también impacta en nuestra provincia, y nosotros, desde el Gobierno provincial y desde nuestro espacio político, nuestros tres diputados votaron a favor de la emergencia en materia de discapacidad en el Congreso de la Nación. Y eso es importante, pero muchas veces no es suficiente. Por eso hemos querido también tomar medidas a nivel provincial”, señaló el gobernador Osvaldo Jaldo, quien explicó que “hemos logrado eximir, exceptuar, realizar algunas modificaciones de los impuestos provinciales a quienes prestan los servicios en Tucumán. Ya hemos firmado el instrumento (decreto 2.495), con lo cual entendemos que a todas las organizaciones que brindan diferentes tipos de servicios les va a significar un aporte importante”, agregó.
La medida fue celebrada desde la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad Tucuman (CITED). En diálogo con Prensa Multimedios, su presidente, Gustavo Anastasio, señaló que se trata de "un alivio importante en medio de un contexto muy díficil". "Habrá una alícuota cero extraordinaria para las instituciones que están categorizadas en la ANDIS, hasta diciembre de este año. También alcanza a los transportistas de personas con discapacidad, para quienes se crea un código específico al que se puede acceder para la exención de Ingreso Brutos. Esto beneficia a 91 instituciones que atienden a unas 10 mil personas con discapacidad en Tucumán", subrayó.
Para el caso de los transportistas, según advirtieron desde la Federación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Tucumán, una entidad que nuclea a alrededor de 300 prestadores, no existe en ANDIS un registro específico para ellos, sino que operan con habilitación del SIPROSA. Esta situación los dejó en un limbo, ya que el instrumento especifica que deben estar en el registro nacional. Sin embargo, desde la Federación confían en que se trata de una cuestión semántica que será prontamente resuelta.
Ley de emergencia en Discapacidad
Anastasio bregó porque la Cámara de Senadores termine por confirmar el camino iniciado en Diputados y convierta en ley la Emergencia en Discapacidad. "Ha quedado evidenciado de que no se trata de una ley descabellada. Estamos pidiendo que, como cualquier actividad con altos costos, que han sido incrementados por la inflación y paritarias, los responsables de afrontar esos costos tenemos que tener una actualización. Nuestros aranceles son actualizados por el Gobierno. Necesitamos una actualización para seguir funcionando", sostuvo.
La última vez que se actualizaron los aranceles para el sector fue en diciembre del 2024, cuando el Gobierno dispuso una "suba" del 0,5 %. "Es decir, que no llegamos ni al 1 %. Veniamos arrastrando una problemática desde el 2023, que se pronunció durante el salto inflacionario del 2024. En lo que va de este año, hemos tenido una actualización de 20 % por debajo de lo que debieramos tener", agregó.
"La mayoría de las instituciones han resistido y siguen brindando atención. Pero hemos visto casos dramáticos, en donde hay centros que piden colaboración para bancar los alimentos. Venimos financiando este desfasaje en nuestro ingresos con deuda. Todos los prestadores tienen deuda en AFIP -ARCA-. Si no hay un cambio de tendencia, un efectivo cumplimiento de la ley de emergencia, en enero estarían cerrando la mayoría de las instituciones", concluyó Anastasio.
