Luego de días de turbulencias en el Gobierno nacional, el juez federal Patricio Marianello dio lugar al reclamo realizado por el Poder Ejecutivo, a través de Fernando Soto en calidad de funcionario del Ministerio de Seguridad, para exigir el “cese inmediato” a la difusión de los presuntos audios de Karina Milei en Casa Rosada. El Gobierno alegó que hubo una “violación grave a la privacidad institucional”.

La noticia generó revuelo en todo el espectro opositor y las acusaciones de “censura” no tardaron en ser publicadas. El fallo judicial, además, ordenó que no se sigan difundiendo las grabaciones de la secretaria general de Presidencia “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. La medida, puntualmente, está dirigida a Carnaval Stream, canal de YouTube que publicó la pieza de audio.

Pasado el mediodía, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que “el Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. Luego, acusó que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

Minutos más tarde con la resolución judicial firmada, el portavoz anunció que “la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, y consideró que “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

Rechazo de la APT al intento de censura del Gobierno 

Tras conocerse la noticia, la Asociación de Prensa de Tucuman (APT) emitió un comunicado en respaldo de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes fueron los que relevaron los audios de Diego Spagnuolo y de Karina Milei, lo que les valió la persecusión por parte del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, desde donde incluso pidieron allanar sus domicilios. 

"La APT REPUDIA y CONDENA el accionar de la ministra Patricia Bullrich en contra de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. En el intento de censurar la difusión de audios vinculados a la presunta corrupción en cabeza de miembros del Poder Ejecutivo, la funcionaria solicitó a un juez en lo Comercial que sean allanados los lugares de trabajo de los periodistas. El hecho constituye una grave amenaza a la Libertad de Expresión que todos los colectivos de trabajadores de prensa defendemos históricamente. Nos solidarizamos con los periodistas y exigimos garantías para que puedan ejercer su profesión libremente", señalaron.

Se suman voces en repudio al atropello a la libertad de prensa

Luego de ser notificado por la Justicia, el periodista Jorge Rial denunció el intento de censura y cuestionó al gobierno de Javier Milei. “Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo y parece que ese laburo molesta al poder. Gracias a Dios que molesta al poder, porque ese es el laburo, molestar al poder”, afirmó el conductor de C5N.

Rial calificó la situación como “peligrosa” y advirtió que el país se está acercando a un “régimen totalitario”. “Pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas”, señaló.

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) respaldó a Rial y al equipo de Carnaval Stream, denunciando que los allanamientos buscan “criminalizar a la prensa” y violan la protección del derecho a la preservación de la fuente periodística. “Rechazamos la medida cautelar y exigimos al Poder Judicial que defienda el derecho a la información. Convocamos a todas las organizaciones de la actividad a reforzar acciones para proteger el rol de la prensa en la sociedad”, señalaron en sus redes sociales.

Mauro Federico, de Carnaval Stream, expresó que la medida constituye un intento de intimidar a los periodistas: “Muchos salieron de esa reunión (se refiere a una celebrada el viernes en la Casa Rosada) con la idea de querer censurar al periodismo y hacerlo de la más brutal de las formas… Una irracionalidad política propia de gente irracional”. Pese a las presiones, aseguró que el equipo continuará con su trabajo: “Los únicos que pueden disponer que nosotros dejemos de hablar son los que administran justicia en este país”.

Hasta periodistas oficialistas como Eduardo Feinmann criticaron la medida: “Repudio todo acto de censura previa dictada por un juez en lo civil. Es un duro ataque a la libertad de prensa y expresión, que es uno de los pilares de la CN y de una democracia sana”.

También el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la medida cautelar y advierte que se trata de un acto de censura previa. En paralelo, alertó por la gravedad institucional de los allanamientos solicitados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medios de comunicación. "Sin realizar una investigación que determine el origen ilícito o no de los audios cuestionados por Karina Milei, el juez dictó una medida cautelar disponiendo el cese de la difusión "únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación".

"FOPEA recuerda que los periodistas están sujetos a responsabilidades civiles y penales posteriores, derivadas del ejercicio pleno de la libertad de expresión. Cualquier medida preventiva o restrictiva que impida ese derecho, como en este caso una decisión judicial, constituye un acto de censura previa y resulta incompatible con las normas constitucionales vigentes. Aún más, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos prohíbe la censura previa, salvo en casos muy específicos que involucren, por ejemplo, la seguridad nacional", señalaron.

Es importante recordar que la Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohíbir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos. Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales.