Con la publicación de las resoluciones 317/2025 y 318/2025 en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fija los valores oficiales que configuran los haberes y prestaciones sociales que se liquidan durante el próximo mes, afectando a millones de titulares en Argentina.

La medida alcanza a diversos grupos: trabajadores registrados, quienes integran regímenes especiales, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), desempleados, monotributistas, veteranos de guerra, y perceptores del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El nuevo cuadro de haberes se aplica para todos los hechos generadores que tengan inicio durante el mes de octubre, garantizando un marco de actualización en sintonía con la inflación mensual.

El aumento impacta de manera directa sobre el haber mínimo, que sube a $326.298,38 y sobre el haber máximo, que llega a $2.195.679,22.

Estas cifras marcan los límites inferior y superior para la percepción de jubilaciones y pensiones contributivas.

La base imponible para los aportes al SIPA, por su parte, establecerá nuevos mínimos y máximos: $109.897,23 en el extremo inferior y $3.571.608,54 en el extremo superior, actualizando el rango sujeto a contribuciones mes a mes.

En la estructura de prestaciones incluidas, el reajuste abarca a la Prestación Básica Universal (PBU), cuyo monto se eleva a $149.266,62, y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que llega a $261.039.

El sistema también contempla a las pensiones por invalidez laboral, donde el haber representa el 70% de la jubilación mínima y se actualizará a $228.409.

Todos estos cambios se integran automáticamente al sistema, cubriendo a quienes inicien sus trámites previsionales a partir de octubre y ajustando, además, los valores para quienes ya están cobrando sus prestaciones.

El nuevo esquema incorpora la posibilidad de recibir un bono mensual de $70.000. Aunque la confirmación oficial pendiente, la expectativa gira en torno a la continuidad del refuerzo. Este suplemento eleva el haber mínimo total a $396.298,38 y la PUAM a $331.039.

La pensión por invalidez laboral también incluye el bono, por lo que el monto para este beneficio trepa a $298.409. El bono no poseerá mecanismo automático de actualización, su asignación se confirmará cada mes y desde marzo de 2024 mantuvo un mismo valor nominal, experimentando una reducción de su poder de compra a medida que avanzó la inflación.

El funcionamiento del bono, en todos los casos, responde a un esquema de complemento: aquellos que, después de aplicarse el aumento, no alcancen el piso combinado por la suma del haber mínimo más bono, recibirán la diferencia como suplemento hasta completar el monto que se fija por decreto.

El mecanismo ofrece un piso garantizado para jubilados y pensionados del régimen contributivo, así como para titulares de la PUAM que se encuentran en la base de la pirámide previsional.

En el universo de las asignaciones familiares y sociales, la misma pauta de incremento del 1,88% se traslada a los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones por hijo con discapacidad.

La AUH queda en $117.252 por cada hijo menor de 18 años, mientras que la asignación por hijo con discapacidad sube a $381.790.

Estas cifras se abonan en un 80% de manera mensual y el 20% restante se liquida tras la presentación anual de la documentación de salud y escolaridad que exige la normativa vigente.

Las nuevas escalas impactan también en los trabajadores monotributistas y en quienes están bajo convenios especiales de empleo.

Para trabajadores registrados y los alcanzados por la Ley de Riesgos del Trabajo, el monto de la asignación por hijo varía en función de los tramos salariales y la zona donde resida el beneficiario.

En el nivel salarial más bajo y la zona general, la asignación por hijo es de $58.631, cifra que escala hasta $126.425 en regiones diferenciales como la Patagonia.

La asignación por hijo con discapacidad queda fijada en $190.902 para los ingresos más bajos dentro del régimen general.

Para titulares de la prestación por desempleo, los montos se ordenan con la misma lógica escalonada: $58.631 para el primer tramo de ingresos, $39.548 para el segundo y $12.340 para quienes estén en el nivel más alto de percepción.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores corresponden a $190.902, $135.050 y $85.234 respectivamente, reflejando la progresión según el ingreso familiar.

En el régimen especial para trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y agropecuarios definido por el Decreto 514/21, el monto de la asignación por hijo no puede ser inferior al fijado para la AUH.

El valor general se establece en $117.252, con adicionales en jurisdicciones donde se aplican zonas diferenciales geográficas.

La ayuda escolar anual, en este panorama, también sufre incremento: pasa a $42.039 en la mayoría de los distritos y llega a $83.797 en zonas de Patagonia y regiones similares.

El límite de ingreso para percibir asignaciones familiares sufre una actualización significativa. Para mantener el acceso al beneficio, ningún integrante del grupo familiar puede superar $2.403.613 de ingresos mensuales. Si un miembro de la familia supera este monto, el grupo completo queda excluido de la asignación, incluso si la suma total no supera el techo máximo para el grupo.

El objetivo, según el marco regulatorio, es garantizar una distribución focalizada y transparente de los recursos, impidiendo acumulaciones de beneficios en sectores de mayores ingresos.

En el conjunto de veteranos de guerra del Atlántico Sur, los valores para asignaciones se ajustan bajo el mismo criterio.

Para los ingresos más bajos, la asignación por hijo se ubica en $58.631, mientras que en los tramos más altos el valor es de $12.340.

Para hijos con discapacidad, el monto oscila entre $190.902 y $85.234, contemplando también diferencias según la zona geográfica donde reside el beneficiario.

El ajuste de la movilidad en las prestaciones sociales y de seguridad social responde a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, vigente desde abril del año pasado.

El decreto establece la actualización mensual de haberes sobre la base del IPC difundido por el organismo de estadísticas.