La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Alejandra Vigo (Unidad Federal-Provincias Unidas), se reunirá este martes a las 14 y tendrá como principal tema el proyecto de reforma de la Ley de DNU -la 26.122-, que fue devuelto por la Cámara de Diputados.

El tratamiento de la iniciativa se dará en un contexto completamente diferente al de dos meses atrás, cuando el texto se aprobó por más de dos tercios de los votos en la Cámara alta, en medio de una seguidilla de derrotas parlamentarias para La Libertad Avanza. Ahora, en cambio, el Gobierno está fortalecido tras las elecciones y en diciembre tendrá un Congreso más violeta.

Alertado por la intención de la oposición de limitar el uso del presidente Javier Milei de la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, el oficialismo no pudo frenar su debate y aprobación en Diputados, pero sí consiguió que se rechace un artículo clave y, además, que en la aprobación general los bloques opositores no lleguen a los dos tercios -necesarios para insistir con la ley en caso de eventual veto-.

El proyecto plantea incorporar y modificar artículos a la ley que regula el trámite parlamentario de los DNU, los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes; una norma sancionada en 2006 por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner.

Según la propuesta, los decretos deberán versar sobre una única materia y podrán ser tratados de inmediato por las cámaras aún en receso parlamentario.

Uno de los cambios centrales es que se considerarán aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés, es decir, existe la sanción ficta para darlos por válidos).

Otro de los artículos clave es el que establece un plazo de 90 días para su tratamiento. Éste se cayó en la votación en particular en la Cámara baja y el Senado deberá definir si acepta ese cambio o ratifica su versión.

Por otra parte, el temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales incluye una serie de proyectos de comunicación al Poder Ejecutivo, sobre pedidos de informes y reclamos para la reglamentación de distintas leyes de salud sancionadas en la gestión anterior.