La víctima, identificada como F. A., circulaba en su moto con un pasajero por la avenida Alfredo Guzmán cuando fue detenido por una camioneta policial (patente TUC 0721) con tres ocupantes: dos hombres y una mujer. Los agentes lo acusaron de evadir un control.
Sin dar explicaciones claras, los policías supuestamente obligaron al conductor a trasladarse hasta una zona oscura y sin cámaras del Parque Guillermina. El pasajero logró retirarse, mientras que el conductor quedó rodeado.
En el lugar, los agentes revisaron sus pertenencias, retuvieron su DNI y encontraron $200.000 en efectivo. Allí comenzaron las amenazas: advirtieron que podían detenerlo, incautar la moto y que "ya sabían dónde vivía", sugiriendo que la situación podía ser "arreglada".
Finalmente, los policías se retiraron cubriendo la patente del móvil. El conductor constató que el dinero de su billetera había desaparecido. El conductor había activado previamente la función de grabación de audio encriptado de la aplicación Uber.
Avance judicial
La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Los abogados de la víctima, Macario Santamarina y Agustina Mitre, se constituyeron como querellantes y solicitaron medidas probatorias clave: Acceso judicial al audio encriptado de Uber, reconstrucción de la ruta mediante GPS, identificación de los ocupantes de la camioneta policial y reconocimiento de personas.
Este incidente se suma a una reciente y preocupante serie de escándalos dentro de la Policía de Tucumán, lo que subraya un momento de alta tensión institucional:
Caso El Cadillal: Desplazamiento de jefes policiales por el uso de detenidos y agentes en una obra privada.
Investigación por Coimas: Allanamiento a jefes de comisarías por denuncias de presuntas coimas.
Comisario de Famaillá: Secuestro de más de $8 millones en el domicilio de un comisario en una causa por extorsión y armado de expedientes.
La acumulación de estas denuncias ha generado sumarios internos y acciones judiciales que mantienen a la fuerza en el ojo de la tormenta.
