En abril de 2024, la Legislatura de Tucumán sancionó la ley N° 9.810. La misma prohíbe el uso de animales como medios de carga, excepto vehículos oficiales de las fuerzas de seguridad, y aquellos de carácter histórico o folclórico, como los sulkys en Simoca, o los carros en ámbitos rurales. Pero como el Poder Ejecutivo nunca la reglamentó, la misma no puede aplicarse en su totalidad.
Fuentes de la Casa de Gobierno reconocieron que la demora responde a las consecuencias sociales que podría acarrear una norma de dichas características dado que hay muchas familias que utilizan un carro de tracción a sangre para subsistir. De hecho, cuando se promulgó la norma, cientos de carreros realizaron encendidas manifestaciones y se reunieron con autoridades para hacerles conocer sus realidades.
Al respecto, Flavia González, presidenta de la Fundación Matías, expresó: "Es importante que estas familias tengan la oportunidad de dignificarse aún más, adoptando nuevos oficios. Es fundamental que se aproveche para mejorar las condiciones de vida de todos, especialmente de los más jóvenes, que pueden formarse en una profesión y romper con el ciclo de pobreza y explotación".
La Fundación Matías, que ya lleva 24 años de actividad, comenzó su labor con la equinoterapia y, hace aproximadamente 16 años, se enfocó en combatir el maltrato animal. "Lamentablemente, del 100% de los caballos que rescatamos, el 65% no sobrevive debido al grave estado en el que se encuentran", indicó González.
En este sentido, hizo un llamado a la comunidad para que comprenda la necesidad de aplicar esta ley: "La solución a largo plazo está en brindar a estas familias la oportunidad de mejorar su calidad de vida con un nuevo sistema de trabajo. Pero se tiene que terminar la violencia y el maltrato animal".
Por otro lado, recordó que dentro de las iniciativas que se consideraron para acelerar la transición, se plantearon canjes por otros medios de movilidad, pero que fueron los mismos carreros los que pusieron trabas. "No quieren sacar un carnet de conducir y aducen que no podría abonar la nafta. El Estado tiene intenciones de compromisos para acercarles una solución. Hay una base de cooperativas y de planes sociales que son un punto de partida. Tenemos un total de 1.500 carros, no son 15.000 como dicen algunos", sentenció.
