La iniciativa busca establecer un marco legal que no clasifique a los repartidores bajo la relación de dependencia tradicional, pero que sí obligue a las empresas de plataformas a proveer aportes, seguros y coberturas mínimas para sus prestadores de servicios.

El impacto directo en Tucumán

La regulación propuesta tendría un impacto significativo en Tucumán, una provincia donde el trabajo vía apps ha crecido exponencialmente en el Gran San Miguel, Concepción y Tafí Viejo.

 Para los miles de trabajadores que dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos, el proyecto podría garantizar beneficios básicos hoy inexistentes, como:

Cobertura ante accidentes laborales.

Aportes previsionales (jubilación).

Mayor claridad y respaldo legal.

La Tensión entre Flexibilidad y Derechos

A pesar de los beneficios mínimos que se buscan asegurar, el proyecto es objeto de críticas y advertencias.

1. Temor Sindical a la "Flexibilización": Los sindicatos señalan que crear una figura especial podría ser una forma de “flexibilización encubierta”, ya que no se reconocerían derechos fundamentales del empleo formal, tales como el aguinaldo, las vacaciones pagas o la estabilidad laboral.

2. Preocupación de los Repartidores: Algunos trabajadores temen que al aumentar las obligaciones y costos para las plataformas, estas respondan reduciendo comisiones o limitando el número de cupos de repartidores activos, afectando sus ingresos.

Desde el oficialismo, la postura es buscar un equilibrio: ofrecer garantías mínimas a los trabajadores sin imponer una carga excesiva que detenga el dinamismo y el crecimiento del sector.

 El proyecto continuará bajo análisis y debate en las próximas semanas antes de ser formalmente presentado ante el Congreso de la Nación.