Este martes, pasadas las 14.30h, el Senado de la Provincia de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata. El proyecto, impulsado por el gobernador radical Alfredo Cornejo con aval del gobierno nacional de Javier Milei, se aprobó con 29 votos a favor y 6 en contra. Entre los votos positivos, hay 5 de senadores y senadoras del peronismo. El mismo peronismo que, aunque conduce importantes sindicatos, se negó a movilizar contra esa avanzada extractivista.
Sin embargo, el repudio en la calle es masivo. En el centro mendocino, una movilización conformada por caravanas que llegaron desde todos los puntos de la provincia, fue, para los que participaron de la misma, una demostración de que la minería no tiene licencia social en la provincia.
No solo se votó por el proyecto San Jorge. También se aprobó la declaración de impacto ambiental (DIA) para la exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), con 27 propuestas mineras en ese departamento del sur mendocino. En ese caso, hubo 31 votos positivos y tres en contra.
"Ha sido una traición al pueblo", sostiene María Teresa “Guni” Cañas, docente y miembro de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, en diálogo con Prensa Multimedios. “Este es, desde hace años, el proyecto insignia del gobierno que ya fue rechazado en la audiencia pública de octubre de 2010. La audiencia forma parte de la evaluación de impacto ambiental, no es vinculante pero sí es un hecho político importante”, recordó.
El pueblo mendocino dio sucesivas muestras de que la megaminería, en sus diversas formas, no tiene licencia social. Lo hizo en 2007, cuando se gestó la ley 7722, la “guardiana del agua”, y luego en 2019, oponiéndose a la modificación de esta norma que regula las actividades de la minería metalífera, prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga a que cualquier proyecto de este tipo deba pasar obligatoriamente por la legislatura.
“Para que el nuevo proyecto pueda avanzar, tuvo que suceder que la empresa interpusiera un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya declaró la constitucionalidad de la ley (provincial) 7722. Esta norma explicita la prohibición del mercurio pero sobre otras sustancias hay una indeterminación. Ellos ahí meten el uso del xantato -utilizado como reactivo de flotación para separar minerales valiosos de otros-, una sustancia que para nosotros es tóxica”, sostiene Cañas.
Según denunció la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, ubicado en la localidad de Uspallata, presenta “debilidades” y conlleva “riesgo de contaminación del agua”. La Fundación advirtió que la Declaración “traslada la resolución de riesgos ambientales a etapas futuras, configurando una autorización condicionada que viola la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y la normativa provincial (Ley 5961 y Ley 7722)”.
En tanto, FARN remarcó que “los dictámenes técnicos del Departamento General de Irrigación, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) del CONICET señalan debilidades estructurales en el Informe de Impacto Ambiental (IIA). Los riesgos ambientales, al haber sido diferidos, impiden medir el impacto y la compatibilidad del proyecto con el uso sustentable del agua”. El documento concluye que “en definitiva, la DIA fue otorgada sin contar con evidencia hidrogeológica esencial. Se difiere la definición de la línea de base del caudal y la calidad del arroyo El Tigre, condición indispensable para evaluar impactos”.
Además, el relevamiento difundido desde FARN señala que “el balance hídrico presentado en el informe ambiental utiliza datos desactualizados (2008-2010) y no considera la variable del cambio climático en la actualidad y sus proyecciones futuras. Los dictámenes técnicos advirtieron sobre el riesgo de drenaje de ácido de roca, señalando la insuficiencia de muestras presentadas: sólo 4 muestras, cuando deberían haber sido decenas”. Además, “existe incertidumbre sobre la conectividad con el acuífero Yalguaraz/Lomada y la cuenca del río Mendoza, lo que constituye un riesgo significativo de contaminación subterránea”.
La organización ambientalista planteó, en línea con el reclamo popular, que “esta falta de certeza activa el principio precautorio que establece que no se debe avanzar con la actividad hasta tanto no se diluciden las incertidumbres sobre los peligros existentes para el ambiente”. Sin embargo, el Senado aprobó el proyecto, que tampoco cuenta con el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona.
