Burlando calificó la resolución judicial de "censura previa" y advirtió que constituía un grave retroceso para la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

Críticas a las presiones y la “justicia feudal”

Acompañado por el jurista Javier Ignacio Baños, Burlando criticó duramente el funcionamiento del sistema judicial local y denunció la existencia de una "preocupante falta de garantías" para periodistas y víctimas.

 Burlando afirmó que "hay censura y presiones que vienen desde el poder", en referencia a los reportes de comunicadores que aseguraron haber sido intimidados por sectores del MPF.

Para el abogado, estos episodios conformaban un patrón de disciplinamiento que afectaba la calidad democrática y deterioraba el sistema republicano.

Por su parte, Baños coincidió con el diagnóstico y habló de prácticas propias de una "justicia feudal", con estructuras que operaban con discrecionalidad y escaso control. Ambos reclamaron reformas profundas.

Fallas estatales y el caso Karla Robles

El análisis de la justicia derivó en el caso de Karla Robles, quien se quitó la vida tras denunciar reiteradamente violencia de género. Burlando sostuvo que su muerte expuso fallas graves en los mecanismos de protección estatal.

"Cuando el Estado recibe alertas y no actúa con la urgencia necesaria, la omisión se convierte en complicidad”, afirmó.

Burlando dejó abierta la posibilidad de impulsar investigaciones por responsabilidad penal contra funcionarios que no aplicaron medidas de resguardo adecuadas.

Los juristas coincidieron en que Tucumán atravesó un momento institucional crítico que exigió una reacción urgente de los poderes del Estado para garantizar derechos fundamentales como la libertad de prensa y la protección de las víctimas.