El Gobierno Nacional ya tiene en marcha el diseño de aumentos de tarifas de dos dígitos para 2026, tanto en electricidad como en gas, tras el cierre del período de consulta pública del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazará al esquema actual de segmentación.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Energía y forma parte del plan del equipo económico para reducir el peso del Estado en el financiamiento del sistema energético, en línea con el objetivo de recorte del gasto público.


A partir del 1 de enero de 2026, unas 7,3 millones de familias consideradas de mayores ingresos, con patrimonio elevado o que renunciaron voluntariamente a los subsidios, dejarán de recibir ayuda estatal. Hasta ahora, estos usuarios pagan el 92% del costo real de la electricidad y el 80% del gas, pero desde 2026 pasarán a afrontar el 100% del precio mayorista.

A ese grupo se sumarán alrededor de 140.000 hogares de ingresos medios (Nivel 3), lo que eleva al 45% del total de usuarios eléctricos del país la cantidad de personas que quedarán sin subsidios.

En contrapartida, el 55% restante, unos 9,1 millones de hogares con ingresos mensuales inferiores a $3.771.987, mantendrá subsidios parciales: el Estado cubrirá el 50% del costo de la electricidad hasta un consumo máximo de 300 kWh mensuales en verano e invierno, y 150 kWh en otoño y primavera. Además, se aplicará una bonificación adicional del 25% desde enero, que se reducirá de manera gradual hasta desaparecer a fin de año.

En el caso del gas, el Gobierno avanzará con una tarifa plana de US$ 3,79 por millón de BTU, promedio que surge de unificar valores más bajos en verano y más altos en invierno. Los subsidios solo se aplicarán al 50% de los bloques de consumo garantizados, que varían según la región y se concentran entre abril y septiembre.

Este cambio implicará un aumento fuerte de las tarifas de gas, también de dos dígitos, aunque el Ejecutivo todavía evita detallar el impacto exacto en las boletas.

El nuevo esquema también beneficiará financieramente a las principales productoras de gas -como YPF, Total Austral, Tecpetrol, PAE, Harbour Energy, Pampa Energía, Pluspetrol y CGC- ya que cobrarán más durante el verano como anticipo, compensando atrasos en pagos estatales y permitiendo sostener inversiones en Vaca Muerta.

Además, el Gobierno planea retirarse de la importación de gas licuado (GNL) y dejar esa tarea en manos de comercializadores privados. En invierno, cuando el GNL cuesta entre US$ 10 y 12 por millón de BTU, ese valor se trasladaría directamente a los usuarios, generando un impacto mayor en los hogares durante los meses de mayor consumo.