La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia, convocó a una audiencia que se llevó adelante este lunes 22 de diciembre con motivo de requerir la prórroga de las medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) que se encuentran cumpliendo dos mujeres y solicitar que la causa contra ellas sea declarada como asunto complejo “teniendo en cuenta la multiplicidad de evidencia que estamos produciendo en esta investigación”, argumentó la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás.

A las imputadas se les atribuye ser presuntas coautoras del delito de estafa –hasta el momento– por cuatro hechos cometidos entre fines de febrero y mediados de marzo de 2025, vinculados a maniobras fraudulentas en perjuicio de tres mujeres y un hombre (todos adultos mayores).

Según la acusación, mediante engaños los hicieron creer que obtendrían electrodomésticos a través de una ayuda social del gobierno, cuando en realidad los hicieron sacar un préstamo para adquirir los electrodomésticos que habían elegido y para llevarse las acusadas los otros electrodomésticos a costa de ellos, provocándoles de esa manera un perjuicio patrimonial.

Citaban a sus víctimas a sucursales de una empresa dedicada a la venta de artículos para el hogar bajo la promesa de recibir electrodomésticos gratuitos otorgados por el Estado.

Tras presentar su DNI y firmar documentos supuestamente necesarios para validar la “ayuda social”, luego recibían algunos de los productos que habían elegido. Posteriormente, fueron notificados por financieras acerca de una deuda correspondiente a un crédito personal que desconocían, que incluía otros productos adquiridos a sus nombres y retirados por las imputadas.

Una organización criminal

Entre las evidencias obtenidas hasta ahora, la representante del MPF mencionó el informe del análisis UFED de los teléfonos celulares de las imputadas. “Se confirmó a través del registro de chats, audios e imágenes, la ejecución de maniobras de estafa bajo la modalidad ‘créditos fantasmas’.

Del estudio de este informe se desprende que existe una organización criminal con roles definidos, que captaba documentación de terceros y gestionaba créditos fraudulentos”, manifestó Tomás, que agregó que “había una coordinada logística para el traslado de las víctimas y de los electrodomésticos”.

“De estos cuatro hechos imputados, luego se pudieron acumular seis legajos nuevos que están en trámite de investigación. Así como también hay un informe del ECIF (Equipo Científico de Investigaciones Fiscales) que arrojaría 13 víctimas más, lo que nos daría un total de 22 casos investigándose actualmente”, afirmó la funcionaria judicial.

Finalmente, al comunicar su resolución, el juez interviniente resolvió hacer lugar a lo planteado por la Fiscalía, disponiendo la extensión de las medidas de coerción por el plazo de siete meses y declarando la causa como procedimiento de asunto complejo./MPF