El sistema educativo provincial atraviesa un proceso de depuración institucional tras conocerse la aplicación de sanciones extremas contra dos docentes. A través de decretos oficiales, el Poder Ejecutivo dispuso la exoneración e inhabilitación de los agentes involucrados, señalando que sus conductas rompieron el deber de protección y cuidado que exige el Estatuto del Docente.

Caso 1: Acoso digital en una Escuela Agrotécnica

El primer hecho, ocurrido en el departamento Cruz Alta, involucró a un docente de una zona rural. Según la investigación administrativa, se comprobó que el agente mantenía comunicaciones privadas fuera del marco pedagógico con sus alumnas.

Los mensajes afectaron la integridad emocional de las estudiantes, provocando incluso que algunas se alejaran de la institución.

El Ejecutivo aplicó la sanción máxima para impedir que el docente pueda reingresar a cualquier área del sistema educativo.

Caso 2: Conductas físicas en Yerba Buena

El segundo caso, de una gravedad aún mayor, tuvo lugar en establecimientos secundarios de la ciudad de Yerba Buena. Un decreto del Ministerio de Educación confirmó la cesantía de un profesor tras comprobarse conductas inapropiadas de carácter físico (manoseos) hacia una alumna.

 El expediente sumarial incluyó informes del Servicio de Asistencia Social Escolar (SASE) y testimonios que resultaron categóricos.

El decreto resalta que el docente vulneró un ámbito que debería ser de "protección y contención", tornando su permanencia incompatible con el servicio público.

Un cambio en la política de "traslados"

Tradicionalmente, en el ámbito docente existía la percepción de que los agentes señalados eran simplemente trasladados a tareas administrativas. Sin embargo, estas medidas reflejan una nueva postura basada en la Ley Nacional N° 26.061 y el interés superior del niño.

“Por fin se toman medidas. Durante años parecía que se los beneficiaba apartándolos. Hacer justicia también es visibilizar estos casos”, expresó un docente colega bajo reserva de identidad, celebrando la decisión del Ministerio.

Marco Legal aplicado:

Estatuto del Docente: Exigencia de conducta moral acorde a la función.

Ley Provincial 8.293: Protección integral de niños y adolescentes.

Inhabilitación: Comunicación inmediata a las Juntas de Clasificación para el bloqueo definitivo del legajo.

Resumen de las sanciones:

Estado de los docentes: Exonerados (pérdida de empleo y prohibición de ejercer en el Estado).

Alcance: Inhabilitación total en el sistema educativo tucumano.

 Vigencia: Los decretos fueron firmados y ejecutados hacia finales de 2025./ fuente Nocticiasdelinterior.-