Con el inicio del año legislativo fijado para el 2 de febrero, el oficialismo puso en marcha una maquinaria de negociación política que busca un doble objetivo: garantizar la sanción de la reforma laboral y neutralizar cualquier ofensiva opositora contra el polémico DNU de la SIDE. El plan de "Olivos" consiste en cerrar acuerdos con los gobernadores para obtener votos en la Cámara Alta y, en simultáneo, garantizar que la Cámara de Diputados se mantenga "dormida" ante los intentos de rechazar los decretos presidenciales.

La estrategia del Senado: Votación en tiempo récord

El Ejecutivo apuesta a un trámite veloz. La intención es llevar el proyecto de legislación laboral al recinto el 12 de febrero, apenas diez días después del inicio de las extraordinarias. Aunque el oficialismo se muestra abierto a "negociar detalles", la orden es no alterar el dictamen de comisión para enviar un mensaje de fortaleza política.

Para asegurar los números, el ministro Diego Santilli —quien actúa como nexo clave— ha intensificado sus giras provinciales. En su agenda figuran reuniones con figuras del ex Juntos por el Cambio y gobernadores de fuerzas provinciales en Salta, Neuquén y Entre Ríos.

La CGT en alerta: El fantasma de la inconstitucionalidad

El frente gremial ha comenzado a mostrar los dientes. Jorge Sola, integrante de la conducción de la CGT, advirtió que si la ley se aprueba sin modificaciones sustanciales, el destino final será la Justicia. Los puntos de mayor fricción para los sindicatos son:

Derecho a huelga: La extensión del criterio de "servicios esenciales" que limitaría drásticamente las medidas de fuerza.

Caja previsional: El uso de fondos del sistema jubilatorio para financiar un nuevo "Fondo de Asistencia Laboral" para indemnizaciones.

Litigiosidad: Expertos advierten que el texto actual abre la puerta a una ola de demandas por inconstitucionalidad.

El blindaje al DNU de la SIDE

Mientras el foco mediático está en la reforma laboral, el Gobierno opera en las sombras para proteger la nueva estructura de inteligencia. Saben que la oposición podría intentar voltear el DNU que otorga atribuciones alarmantes a la SIDE.

Gracias a la ley de blindaje de DNU —creada durante el kirchnerismo—, para que un decreto caiga debe ser rechazado por ambas cámaras. El oficialismo confía en que, negociando partidas presupuestarias, ATN y fondos para cajas jubilatorias con los gobernadores, podrá bloquear cualquier intento de rechazo en la Cámara Baja.