En la antesala de la sesión de este miércoles, y luego que el Gobierno haya cedido a una serie de cambios en el proyecto de Reforma Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que llegarán al recinto con un texto consensuado en 28 modificaciones, entre las que se encuentra la quita de la propuesta sobre rebaja en Ganancias a empresas, que era resistida por los gobernadores.

Las negociaciones se venían llevando a cabo desde que se dió a conocer el proyecto en diciembre pasado y giraron en torno a los puntos de la norma que quitaba recursos a los gobernadores. En ningún momento hubo un llamado a los sindicatos, que representan a los presuntos destinatarios de la iniciativa, lo que deja al descubierto que nunca interesó a los negociadores generar un espacio para debatir una verdadera actualización de las normativas laborales para impulsar mejores condiciones para el trabajador.

Entre los puntos más polémicos que quedaron vigentes se encuentra el último capítulo del proyecto de Ley de Modernización Laboral que deroga el Estatuto del Periodista Profesional, entre otros, a partir de los 180 días de reglamentada la Reforma. Para el Gobierno, ese plazo es suficiente para que se acuerde un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que reemplace a la Ley 12.908 sancionada en 1946.  

Previo al acuerdo entre oficialistas y aliados, los representantes gremiales de todo el país le habían solicitado -sin éxito- al Senado de la Nación abrir un ámbito de debate con participación de los trabajadores de prensa, en donde puedan expresar sus ideas y opiniones acerca de la importancia fundamental de conservar, e incluso mejorar, el cuerpo normativo que sostiene, defiende y garantiza el libre ejercicio del periodismo.

La misiva fue directamente ignorada y nunca se concretó ninguna reunión. Con quienes sí se reunieron fue con las cámaras empresariales, con quienes consensuaron la defensa del proyecto en los medios de comunicación que controlan. Un conclave que refuerza la tesis de que la iniciativa fue desarrollada a pedir de los grandes empresarios de la Argentina.

Los gremios de prensa sostienen que eliminar o modificar artículos clave del Estatuto, como el referido a la estabilidad laboral y la indemnización especial, implicaría “un grave ataque a la libertad de expresión”. El pronunciamiento, respaldado por más de tres mil periodistas de todo el país, remarca que el Estatuto del Periodista no solo protege derechos laborales, sino que garantiza condiciones mínimas para el ejercicio independiente de la profesión frente a presiones de diversa índole. En ese sentido, alertaron que avanzar sobre estas garantías bajo el argumento de la modernización podría significar un retroceso en materia de derechos y un debilitamiento del sistema democrático.

"No hay un interés en modernizar la normativa laboral sino sólo de avanzar contra derechos individuales que protegen a una actividad vulnerable y que constituye, en sí misma, una función pública en tanto de ella depende una democracia sólida y un debate que permita la libre expresión y la plural representación de la sociedad", subrayaron en el documento elevado al Congreso.

En este sentido, los líderes sindicales sostienen -y con mucha razón- que una discusión sobre actualización normativa que contemple los cambios tecnológicos y productivos del sector, como la digitalización de contenidos, las plataformas, el streaming y el impacto de la inteligencia artificial, debe realizarse pero sin excluir la voz de los trabajadores. Los cambios normativos deben surgir del consenso, no de la imposición.

"Estamos abiertos a cualquier debate sobre las normas laborales en prensa y nunca tuvimos objeciones en discutir en un ámbito democrático su modernización. Pero nos oponemos tajantemente a una derogación -del Estatuto-, sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación. Su derogación significaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país", sentenciaron.

Por tal motivo, desde la FATPREN y los gremios adheridos convocaron a una jornada de paro y movilización para este miércoles, en el marco del debate que dará inicio en la Cámara de Senadores.