La diputada nacional por el Partido Demócrata Mercedes Llano (bloque LLA), presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de una “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional” para candidatos a presidente, vicepresidente, legisladores nacionales electos y autoridades superiores del Poder Ejecutivo.

La iniciativa surge como una respuesta a la necesidad de fortalecer la calidad institucional y asegurar que quienes conducen los destinos del país posean las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del mando. La evaluación de idoneidad psicológica funcional constituye una garantía ciudadana para asegurar que el liderazgo político posea la solidez mental y ética que se le exige a cualquier otra profesión crítica para la sociedad.

En sus fundamentos, la diputada destaca que la democracia exige preservar la racionalidad decisoria: “La incorporación de esta evaluación no es una restricción arbitraria, sino una ampliación razonable del concepto constitucional de idoneidad. La democracia no se agota en el acceso formal a la representación, sino que exige preservar la calidad institucional y la racionalidad decisoria en resguardo del interés general”.

El proyecto establece que la evaluación consistirá en una batería de pruebas psicométricas estandarizadas y validadas para el contexto argentino, enfocadas en medir rasgos de personalidad con impacto directo en el ejercicio del poder. Entre los aspectos a evaluar se encuentran el juicio ético, la regulación emocional, el respeto por las normasy la detección de la denominada “Tríada Oscura” (narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica), herramientas que hoy se utilizan en el sector privado.

“El espíritu de la norma es el de evitar que ejerzan cargos de autoridad personas con rasgos de personalidad y estructuras psicopáticas, con falta de empatía y de responsabilidad e inclinación a adoptar decisiones orientadas a su beneficio personal y no al interés general.

Sobre la disparidad de requisitos actuales, Llano señaló: “Resulta incongruente desde una perspectiva institucional y democrática que se exijan mayores estándares de aptitud psicológica funcional e integridad para cargos técnicos o administrativos, como docentes o fuerzas de seguridad, que para quienes ejercen la conducción política del Estado”.

Para garantizar la transparencia y el rigor técnico, la evaluación será llevada a cabo por organismos especializados e independientes, cuyo dictamen final será estrictamente confidencial y se limitará a informar la condición de “Apto” o “No Apto Funcional” ante la autoridad correspondiente. Asimismo, se prevé un mecanismo de revisión ante un comité técnico interdisciplinario para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del evaluado.

Finalmente, la diputada alertó sobre los riesgos para la democracia y la gestión pública que se procuran evitar a través de estos filtros: “Buscamos prevenir el impacto negativo de rasgos disfuncionales y psicopáticos, como la corrupción sistémica, el autoritarismo y el despotismo, entre otros efectos”.