Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron al ataque para exigirle al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 que prohíba a la ex presidenta Cristina Kirchner salir al balcón del edificio de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario, para tomar contacto con la militancia. El pedido de los fiscales de la causa Vialidad ocurrió poco después del masivo respaldo que recibió la exmandataria cuando fue a declarar por la causa Cuadernos y que se repitió el pasado 24 de marzo.

Luciani y Mola realizaron una presentación que tiene la intención de cerrar las puertas del balcón de San José 1111, pero busca también buscar ir por el fondo de sus cuestionamientos y revocar la prisión domiciliaria de Cristina.

“Exhorte a la condenada, Cristina Fernández, para que, en lo sucesivo adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”, sostiene el texto de los fiscales.

La presentación de Luciani y Mola cae, casualmente, en un momento perfecto para el oficialismo, acorrolado por la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la investigación por la criptoestafa de Libra que alcanza al presidente Javier Milei y su hermana y secretaria, Karina Milei.

En un texto de 9 páginas, los fiscales usan las propias palabras del TOF 2, que en junio del año pasado confirmó la prisión domiciliaria de Cristina, por cuestiones de seguridad, pero condicionó sus salida al balcón para saludar a la militancia exigiéndole “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Aquella resolución de Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu fue particularmente dura con la ex presidenta al exigirle el uso de una tobillera electrónica y el límite a las visitas a su departamento.

En aquel momento, Luciani y Mola apelaron la resolución ante Casación sosteniendo que “la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario” y que la situación de la ex presidenta, de 72 años y víctima de un intento de homicidio, era un “trato desigual” en relación a otros condenados.

En julio, la sala de Casación coformada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirmó la domiciliaria, pero no descartó un cambio de domicilio “a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social”. Luciani y Mola vuelven sobre el punto para insistir con la cárcel común./pagina12.com.ar