Una ampliación de denuncia presentada ante la Justicia sumó nuevos elementos a la investigación patrimonial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de la compra de un departamento en la ciudad de Buenos Aires.
El escrito incorpora hechos, testimonios y pedidos de medidas de prueba vinculados al origen de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria.
Según el texto presentado por el diputado nacional socialista Esteban Paulón Ferraro, DNI 25.044.243, y Pablo Adrián Juliá, la ampliación se basa en una nota periodística publicada el 30 de marzo por el diario La Nación, titulada “Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito”.
En ese artículo se afirma que el funcionario recurrió a un préstamo familiar para adquirir la propiedad, señalando como prestamistas a Beatriz Vegas y Claudia Shabot, a quienes describe como cercanas al jefe de Gabinete.
Los denunciantes sostienen que del propio contenido de la nota surge la necesidad de despejar dudas sobre la legalidad del origen de los fondos y sobre las condiciones de la operación, en particular en lo referido a la declaración patrimonial presentada por Adorni.
En ese sentido, remarcan que la descripción del crédito utilizado para la compra del inmueble no permite conocer con claridad el costo financiero total de la operación, el interés aplicado ni el plazo de devolución del dinero prestado. La ampliación también pone el foco en la escribana interviniente en la escritura de compraventa.
Se trata de Adriana Nechevenko, quien, de acuerdo con el escrito, figura como participante del acto notarial y, al mismo tiempo, fue mencionada públicamente por el propio jefe de Gabinete en su conferencia de prensa como “la escribana del banco”.
Para los denunciantes, este aspecto adquiere relevancia porque Nechevenko tendría participación directa en la instrumentación jurídica de la operación y podría aportar precisiones sobre las personas intervinientes y las condiciones reales del préstamo.
El documento destaca además que la ambigüedad en torno a las características del crédito otorgado podría tener implicancias en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ética pública.
En particular, se alude a la Resolución 192/2024 de la Oficina Anticorrupción, que reglamenta las obligaciones de los funcionarios alcanzados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y que fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de diciembre de 2024.
Según los denunciantes, la falta de información precisa sobre el financiamiento podría afectar la correcta declaración patrimonial del funcionario.
En el apartado testimonial, la ampliación de denuncia solicita que se reciba declaración a Adriana Nechevenko en su carácter de escribana actuante, con el objetivo de que precise las operaciones en las que participó y aporte detalles sobre la identidad de los contratantes, las condiciones del préstamo y la forma en la que se formalizó la compra del inmueble.
Finalmente, el escrito formula tres pedidos concretos ante el juzgado interviniente: que se tenga por ampliada la denuncia original, que se tome declaración testimonial a la escribana mencionada y que se dispongan todas aquellas medidas que el tribunal considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
El documento concluye con la fórmula de rigor, dejando en manos de la Justicia la evaluación de los nuevos elementos incorporados a la causa./parlamentario.com
