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Conflicto por la fábrica de papas fritas en Concepción: acuerdan un plan de adecuación para reabrir la planta

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Tras la reciente clausura de la fábrica de papas fritas local debido a denuncias vecinales por contaminación, se alcanzó un principio de acuerdo para regularizar su situación. El intendente Alejandro Molinuevo encabezó una reunión clave entre la Dirección de Comercio Interior de la Provincia y el titular de la firma con el objetivo de salvar los puestos de trabajo sin resignar la protección ambiental.

El encuentro, que contó con la participación de Manuel Canto (Comercio Interior) y el empresario Juan Pablo Romero, buscó trazar una hoja de ruta técnica que permita levantar la medida preventiva que pesaba sobre el establecimiento.

El desafío: Producción vs. Medio Ambiente

El eje del conflicto radica en las quejas de los vecinos de la zona, quienes denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de residuos y emanaciones de la planta. Al respecto, las autoridades fueron enfáticas en la necesidad de cumplir con la normativa vigente.

 "Buscamos un equilibrio justo: proteger el medio ambiente y la tranquilidad de los vecinos, sin descuidar las fuentes de trabajo", destacó el Intendente Molinuevo.

Por su parte, Manuel Canto señaló que la instrucción del Gobierno provincial es "encauzar el conflicto a través del cumplimiento de la ley", asegurando que las medidas correctivas deben aplicarse de forma inmediata para que la actividad industrial sea compatible con la salud ambiental.

Siete ingenieros a cargo de las reformas

El propietario de la fábrica, Juan Pablo Romero, agradeció la mediación oficial y confirmó que ya existe un equipo técnico trabajando en las soluciones. "Hay siete ingenieros abocados al objetivo de asegurar que nuestro proceso productivo sea respetuoso con los vecinos", explicó, manifestando su voluntad de regularizar la situación para retomar la actividad.

Con este acercamiento, se inicia una etapa de adecuación técnica bajo supervisión provincial. La reapertura definitiva de la fábrica quedará supeditada a: El cumplimiento de los requisitos exigidos por los organismos de control, la verificación de las obras de mitigación ambiental y el monitoreo constante para evitar nuevas infracciones.

Esta mediación busca dar cierre a un conflicto que mantenía en vilo tanto a los operarios de la planta como a las familias residentes en las inmediaciones, apostando a una convivencia armónica entre el desarrollo industrial y la calidad de vida urbana.