El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto para reforzar los protocolos de seguridad en las escuelas de la provincia tras las amenazas de ataques detectadas en dos establecimientos de la Capital, y estableció sanciones más estrictas para los responsables, incluyendo el posible traslado al Instituto Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz, bajo intervención judicial.

La decisión se adoptó luego de los mensajes intimidatorios hallados en el Colegio San Francisco y en el Instituto Guillermina, donde se advertía sobre un supuesto tiroteo.

A partir de esos hechos, intervino la Policía, tomó participación la fiscalía y se desplegaron medidas preventivas durante el ingreso de los alumnos.

La normativa ratifica las instrucciones impartidas al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para adoptar todas las medidas necesarias que permitan prevenir hechos de violencia, intervenir ante situaciones de riesgo y garantizar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos.

En ese marco, se dispone que las autoridades y directivos de instituciones educativas, tanto de gestión pública como privada, serán responsables de la preservación y el cuidado de los alumnos.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones, podrán perder los subsidios o aportes que reciban del Estado provincial.

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Educación a aplicar medidas correctivas, que incluyen la posibilidad de expulsión del sistema educativo provincial durante el presente ciclo lectivo para aquellos alumnos que incurran en conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de las clases.

Por otra parte, se establece que los padres, tutores y responsables legales de los menores serán responsables en sede administrativa y/o judicial por las conductas de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los daños ocasionados.

Además, se prevé que los menores involucrados en hechos de gravedad podrán ser trasladados al instituto Brochero de Benjamín Paz, previa intervención del Poder Judicial.

El decreto entró en vigencia a partir de la fecha de su firma y será refrendado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

Los alcances del decreto

– Activación inmediata de protocolos de seguridad, con intervención policial y notificación al Ministerio Público Fiscal ante cualquier amenaza.

– Presencia preventiva de efectivos en los accesos a los establecimientos educativos cuando se detecten situaciones de riesgo.

– Coordinación directa entre Educación, Seguridad y la Justicia para investigar los hechos y actuar con rapidez.

– Controles internos a cargo de directivos y docentes, sin requisas directas por parte de la Policía.

– Identificación y sanción de los responsables, aun cuando se trate de menores de edad.

– Posible traslado de los autores de amenazas al Instituto de Rehabilitación Cura Brochero, conforme lo disponga la autoridad judicial competente.

– Intervención de equipos interdisciplinarios, con asistencia psicológica y social para abordar estas conductas dentro del ámbito educativo.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que la investigación ya está en marcha y que se busca identificar a los responsables de los mensajes. También remarcó que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” para frenar este tipo de prácticas.

Las clases en los colegios involucrados se desarrollaron con normalidad, aunque con presencia policial y controles preventivos. No se detectaron armas ni elementos que indiquen un peligro concreto.

El decreto apunta a endurecer la respuesta del Estado frente a este tipo de amenazas, que generan alarma en la comunidad educativa, y a establecer un marco claro de actuación para evitar que estos episodios se repitan en Tucumán.