El anuncio, realizado por el interventor del organismo, José Ricardo Ascárate, llega en un momento de alta sensibilidad social, donde cada ajuste en los servicios públicos impacta de lleno en una capacidad de consumo ya debilitada por la inflación.
El esquema de actualización tarifaria fue diseñado bajo una modalidad escalonada que busca, según las autoridades, "suavizar" el impacto financiero en los hogares. El primer tramo del aumento será de un 13% y comenzará a verse reflejado en las boletas con los consumos de finales de abril. El 5% restante se aplicará en una segunda etapa, completando así el porcentaje anunciado. Sin embargo, para el usuario promedio, este fraccionamiento no deja de ser una carga adicional en un contexto donde los salarios luchan por no quedar rezagados frente a los costos fijos.
Es fundamental destacar que este ajuste del 18% responde exclusivamente al Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el componente provincial de la tarifa. Esto significa que el incremento está destinado a cubrir los costos operativos y de mantenimiento de la empresa distribuidora local. No obstante, el fantasma de nuevas subas permanece latente: si el Gobierno Nacional decide actualizar el precio mayorista de la energía o reducir los subsidios vigentes, el monto final que pagarán los tucumanos podría ser significativamente superior al anunciado esta semana.
Desde el ERSEPT han intentado matizar la noticia vinculando el incremento a un ambicioso plan de infraestructura. Ascárate aseguró ante la Legislatura que, como contrapartida a esta actualización, se exigirá un aumento del 30% en las inversiones de la empresa distribuidora para el próximo quinquenio. El objetivo declarado es mejorar la calidad del servicio y robustecer la red eléctrica provincial para evitar los colapsos que se producen cíclicamente durante las olas de calor en el norte argentino.
Para el ciudadano común, no obstante, las promesas de inversión a largo plazo suelen chocar con la realidad inmediata de los cortes de servicio. En Tucumán, la memoria de los veranos con interrupciones sistemáticas del suministro genera un lógico escepticismo ante cada suba tarifaria. La pregunta que se repite en las calles y en los hogares es si este nuevo esfuerzo económico de los usuarios se traducirá efectivamente en una mejora palpable o si será simplemente un paliativo para sostener un sistema que opera al límite de sus posibilidades.
Además, el horizonte de previsibilidad es corto. El interventor admitió que esta revisión tarifaria tiene vigencia únicamente hasta el mes de noviembre. Esto deja la puerta abierta para que, antes del inicio de la temporada estival, se produzca una nueva negociación que derive en otros ajustes. Esta falta de certeza sobre el costo final de la energía para el cierre del año añade una presión extra a los comerciantes e industriales locales, quienes deben planificar sus costos de producción en un escenario de constante cambio.
Finalmente, el incremento de la luz se suma a una cadena de ajustes que incluye el transporte y otros servicios básicos, configurando un escenario de "tormenta perfecta" para la economía doméstica tucumana. Mientras el Gobierno provincial intenta equilibrar las cuentas de las prestatarias y garantizar la continuidad de las obras, el bolsillo del trabajador queda, una vez más, como el eslabón más delgado de la cadena. La mirada de la sociedad estará puesta ahora en la calidad de la prestación, exigiendo que el aumento en las facturas se corresponda, de una vez por todas, con una luz que no se corte.
