Durante la etapa de alegatos, el padre de la joven asesinada calificó las pruebas presentadas como "contundentes", señalando que los registros telefónicos y las contradicciones en los testimonios ubican fehacientemente al acusado en la escena del crimen. Para Lebbos, no hay dudas: la fiscalía ha ratificado lo que él viene denunciando desde el primer día de la investigación.

Sin embargo, el respaldo al pedido fiscal vino acompañado de una crítica feroz hacia la estructura judicial de la provincia. Alberto Lebbos denunció la existencia de una "impunidad estructural" que permitió, según sus palabras, que la causa se dilatara durante décadas. Apuntó contra la parálisis de expedientes que involucran a otros 40 imputados por encubrimiento, muchos de los cuales estarían cerca de prescribir, y lamentó que el sistema judicial tucumano envíe un mensaje de permisividad a quienes deciden delinquir en la provincia.

El reclamo de Lebbos también se extendió hacia los otros poderes del Estado. Cuestionó duramente a la Legislatura de Tucumán por no garantizar los derechos humanos de las víctimas y por la falta de respuestas institucionales ante las maniobras de encubrimiento que rodearon el caso. Según su visión, el archivo de causas y el beneficio de juicios abreviados para figuras vinculadas al poder han sido piezas clave en una maniobra diseñada para proteger a los verdaderos responsables y agotar la resistencia de la familia.

Un punto técnico que Lebbos resaltó ante la prensa fue la ausencia de la figura de la querella en esta instancia, una decisión que, según explicó, limita las posibilidades de la familia para apelar o avanzar sobre otros implicados. Para el padre de Paulina, esta limitación procesal no es casual, sino parte de la misma estrategia de blindaje judicial que ha denunciado incansablemente. "No hay querella por decisión de la fiscalía, y eso impide que busquemos justicia plena sobre todos los responsables", sentenció con dureza.

A pesar de los obstáculos y del paso del tiempo, Alberto Lebbos reafirmó que su lucha no terminará con la sentencia de este juicio. Aseguró que continuará exigiendo explicaciones por cada causa paralizada y por cada funcionario que, por acción u omisión, facilitó el encubrimiento del crimen. "Vamos a seguir luchando hasta el último aliento", afirmó ante los medios, dejando claro que el veredicto contra Soto es solo un paso en una búsqueda de verdad que todavía tiene muchas deudas pendientes con la sociedad tucumana.

La expectativa ahora se traslada al tribunal, que deberá decidir si acompaña el pedido de la máxima pena para César Soto. Para la comunidad, el desenlace de este juicio representa mucho más que una condena individual; es una prueba de fuego para la credibilidad de la justicia local en casos de alto impacto político y social. Mientras tanto, Lebbos cerró su intervención con un pedido de fe, esperando que los jueces sean iluminados para dictar una sentencia que traiga, después de dos décadas, un poco de paz a su familia.