La Dra. Mariana Rey Galindo advirtió que la violencia contra las niñeces mantiene cifras alarmantes en la provincia, oscilando entre un 31% y un 38% del total de las denuncias registradas. Según las estadísticas publicadas por la Oficina de Violencia Doméstica, el mayor número de afectados corresponde a niñas y adolescentes de la primera infancia. La magistrada de Monteros fue contundente al señalar que estos datos "dan la pauta que el hogar es un espacio de riesgo aún para estas niñeces". Este escenario expone la vulnerabilidad extrema de quienes, por su edad, dependen enteramente de su entorno primario para su protección. El sistema judicial detecta que la violencia no disminuye y se concentra hoy en víctimas menores de diez años.
Al analizar los factores que desencadenan estas agresiones, la jueza destacó la incidencia de las adicciones, los problemas de salud mental y el hacinamiento en los grupos familiares. Sin embargo, hizo hincapié en la falta de herramientas emocionales de los progenitores, describiéndolo como una carencia de "recursos subjetivos" para el ejercicio de la mapaternidad. "Me refiero a que esa persona no puede hacerse cargo de sí, con lo cual tampoco puede hacerse cargo de un hijo o una hija", explicó Rey Galindo. Esta incapacidad de cuidado genera un derrotero de situaciones violentas que se agravan en contextos de crisis económica y exclusión social. El abordaje integral se vuelve urgente cuando el adulto responsable no logra gestionar su propia subjetividad.
La detección de estos casos no depende únicamente del entorno familiar, sino de una red de operadores que incluye a escuelas, centros de salud y vecinos alertas. La magistrada subrayó que el sistema se activa mediante un protocolo de vulneración de derechos que involucra a la Defensoría de la Niñez y la Dirección de Niñez. Muchos de estos reportes llegan de forma anónima o a través de efectores de educación que advierten síntomas como el retraimiento o lesiones físicas. "Están obligados por ley todos los efectores de salud a hacer la denuncia inmediatamente cuando hay sospecha de maltrato", recordó la doctora. La articulación rápida con trabajadores sociales y jueces de paz permite tomar decisiones inmediatas para resguardar a los menores.
Respecto al marco normativo, Rey Galindo sostuvo que Argentina cuenta con una legislación próspera, pero que el desafío real reside en la articulación efectiva de los recursos existentes. Insistió en que el trabajo debe orientarse hacia la prevención para evitar que el sistema judicial actúe únicamente de forma reactiva ante hechos consumados. "Necesitamos muchísima disposición de los operadores para ver la historicidad y no solo reaccionar ante el último hecho", enfatizó la jueza de familia. La mirada preventiva implica estar atentos a los cambios de conducta en los clubes, grupos religiosos y cualquier espacio de socialización infantil. Sin una intervención a tiempo, se corre el riesgo de revictimizar a los niños al no considerar los antecedentes del conflicto.
Para concluir, la magistrada invitó a la sociedad a reflexionar sobre la concepción del niño como un sujeto de derecho y no como una propiedad o extensión de los padres. Esta perspectiva es clave para frenar tanto la violencia física como la exposición indebida en entornos digitales que vulneran la privacidad infantil. "Debemos concientizarnos de que nuestro hijo no es una propiedad, no es un objeto, no es una extensión nuestra", sentenció Rey Galindo sobre la responsabilidad adulta. La protección integral requiere que el mundo adulto aprenda a respetar la identidad y la integridad de las niñeces en todos sus escenarios de desarrollo. Solo a través de una conciencia social colectiva se podrá reducir la brecha entre la ley y la realidad cotidiana.
La jueza de Familia y Sucesiones de Monteros, Dra. Mariana Rey Galindo, reveló que las estadísticas de violencia contra niños, niñas y adolescentes se mantienen en niveles críticos en la provincia. Durante un análisis de los datos oficiales, la magistrada identificó al entorno familiar como el principal foco de riesgo y vinculó las agresiones a factores complejos como las adicciones y la salud mental.
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