La jueza de Ejecución de Sentencia, Ana María Iácono, otorgó el beneficio tras considerar que el condenado cumplió los dos tercios de su pena y que padece un cuadro de depresión mayor grave. Con esta medida, el último de los exfuncionarios sentenciados por el encubrimiento del asesinato de Paulina Lebbos abandona el régimen de arresto domiciliario.

La decisión judicial se basó en dos pilares: el tiempo transcurrido bajo vigilancia electrónica sin infracciones y el deterioro de la salud mental de Di Lella. Según su defensa, el exfuncionario atraviesa un trastorno del estado de ánimo que lo mantuvo postrado durante las últimas audiencias. La magistrada argumentó que la libertad condicional funcionará como una "herramienta terapéutica", permitiéndole retomar el contacto familiar en su domicilio de Yerba Buena para facilitar su recuperación clínica y eventual reinserción social.

Sin embargo, el otorgamiento del beneficio no estuvo exento de una fuerte oposición. El Ministerio Público Fiscal, representado por Gonzalo García, cuestionó que se envíe un "mensaje disvalioso" a la sociedad, recordando que el delito fue cometido por un servidor público. La fiscalía subrayó que Di Lella nunca mostró arrepentimiento ni una comprensión crítica del daño causado a la familia Lebbos. Además, señalaron que el condenado nunca pasó por un instituto penitenciario, lo que impidió una evaluación real de su evolución bajo un régimen de encierro efectivo.

La palabra de Alberto Lebbos, presente en la audiencia, volvió a conmover por su firmeza y dolor. El padre de Paulina manifestó que reza por la salud del exsecretario, pero con un objetivo claro: que "recupere la memoria y diga la verdad" sobre quiénes fueron los responsables directos del crimen de su hija. Lebbos adhirió al planteo fiscal, insistiendo en que el encubridor debería haber terminado su condena en prisión, denunciando una vez más el pacto de silencio que ha rodeado la causa durante dos décadas.

A pesar de recuperar la libertad, Di Lella deberá cumplir con estrictas reglas de conducta para mantener el beneficio. Tiene prohibido consumir alcohol o drogas, portar armas y, fundamentalmente, no podrá acercarse a menos de 500 metros de Alberto Lebbos o su familia. Además, deberá continuar con tratamiento psiquiátrico obligatorio y portar un dispositivo electrónico de rastreo. La justicia le otorgó también un plazo de 30 días para informar algún tipo de oficio o actividad laboral que desempeñará en esta nueva etapa.

La salida de Di Lella simboliza una sensación de "justicia a medias". Aunque las condenas existieron, el hecho de que los principales responsables del encubrimiento hayan pasado la mayor parte de su pena en sus casas, y que hoy el último de ellos quede libre sin haber revelado datos clave del asesinato, alimenta el sentimiento de impunidad. La causa Lebbos entra así en un terreno de cierre administrativo, pero el reclamo de "Verdad y Justicia" sigue tan vigente como aquel febrero de 2006.

Finalmente, este fallo reaviva el debate sobre los beneficios carcelarios para exfuncionarios públicos condenados por delitos graves. Mientras la defensa de Di Lella celebra la posibilidad de que su salud mejore al lado de sus nietos, la querella y gran parte de la opinión pública ven en esta libertad el último capítulo de una cadena de privilegios.