El peronista José María Franco, presidente de dicha comisión, confirmó que el expediente ya está en el orden del día y reconoció que, dada la inercia inflacionaria del país, una actualización tarifaria es prácticamente inevitable en el corto plazo.

A diferencia de discusiones anteriores, el Concejo cuenta ahora con una herramienta clave para contrastar los números de las empresas: el sistema SUBE. Franco adelantó que solicitarán al Departamento Ejecutivo Municipal un informe detallado de los últimos seis meses sobre el uso del servicio.

Gracias a la trazabilidad de la tarjeta, los concejales podrán saber con exactitud cuántos usuarios pagan la tarifa plena, cuántos acceden a los diversos beneficios sociales y cuál es la recaudación real del sistema, restando discrecionalidad al estudio de costos de los empresarios.

El argumento principal de los concejales para justificar el inminente aumento es la comparación con otras ciudades del interior. Según Franco, la capital tucumana ha quedado "muy abajo" respecto a jurisdicciones similares donde los valores reales ya rondan los 2.000 pesos. Sin embargo, la brecha de subsidios entre el AMBA y el interior sigue siendo la gran herida abierta del sistema: mientras en Buenos Aires el Estado nacional cubre gran parte del costo operativo, en Tucumán el peso recae casi exclusivamente sobre el bolsillo del trabajador o las arcas provinciales y municipales.

El pedido de Aetat de llevar el pasaje a $2.400 representa un salto que impactaría de lleno en la economía de miles de tucumanos que dependen del ómnibus para ir a trabajar o estudiar. Aunque desde el oficialismo municipal se intenta poner paños fríos asegurando que el número final será fruto de un consenso, la presión de los empresarios es fuerte. Aseguran que, con los costos actuales de repuestos, cubiertas y salarios, el servicio es "insostenible" sin una inyección urgente de fondos frescos vía tarifa o subsidios adicionales.

No obstante, el debate en el Concejo no se limitará únicamente al precio. José María Franco insistió en que discutir solo el valor del boleto es "poner un parche" en un sistema que necesita una reforma estructural. Los usuarios reclaman desde hace años por el estado de las unidades, las frecuencias irregulares y la falta de limpieza, problemas que no se han resuelto con los aumentos anteriores. La intención del cuerpo legislativo es vincular esta actualización con compromisos concretos de mejora en la eficiencia del servicio.

En paralelo a la tarifa, la Comisión de Transporte también tiene en agenda el ordenamiento del estacionamiento medido y la regulación de las aplicaciones de transporte. La situación de los taxistas, que también reclaman por la competencia de las plataformas digitales, forma parte de un combo de movilidad urbana que el Concejo pretende abordar de manera integral. El objetivo es dar "reglas claras" a todos los actores del sector para evitar conflictos que terminen afectando la circulación en el microcentro.

La reunión de mañana será el primer paso de una negociación que promete ser tensa. Con un pedido empresarial de $2.400 sobre la mesa y una ciudadanía que ya no soporta más ajustes, los concejales deberán hacer equilibrio entre la sostenibilidad de las empresas y el poder adquisitivo de los vecinos. Se espera que, tras el pedido de informes a la Municipalidad, el dictamen final se conozca en las próximas semanas, marcando un nuevo capítulo en la interminable crisis del transporte tucumano.