Alberto Lebbos, padre de la víctima, presentó un escrito formal ante la Sala III solicitando el apartamiento inmediato del fiscal de Cámara, Carlos Sale, y la nulidad parcial de su alegato. El pedido surge tras la decisión del fiscal de desistir de la acusación contra Sergio Kaleñuk alegando "orfandad probatoria", un acto que la querella califica de "antojadizo, caprichoso y arbitrario", vulnerando el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva tras dos décadas de espera.

El escrito, patrocinado por el abogado Juan Emilio Abraham Musi, sostiene que el fiscal Sale incurrió en una "omisión absoluta" de las pruebas de cargo. La familia de Paulina argumenta que no se puede ignorar el análisis de indicios graves, como los registros telefónicos que ubican a Kaleñuk geográficamente en sincronía con los movimientos del celular de Paulina la mañana de su desaparición. Para la querella, el fiscal no logró justificar técnicamente por qué la prueba que permitió elevar la causa a juicio perdió validez durante el debate, convirtiéndose así en "juez y parte" al decidir la suerte del proceso sin control alguno.

El planteo de Lebbos redefine el cierre del debate al denunciar un "oscurantismo procesal" que le impidió constituirse como querellante de manera oportuna y ser informado sobre el avance de las actuaciones. El documento invoca normativas internacionales y perspectiva de género, subrayando que en crímenes contra mujeres el Estado tiene una "obligación de debida diligencia reforzada". Según el escrito, el retiro de la acusación contra quien consideran "motor y timón de la red de encubrimiento" envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia institucional y de género que ha marcado este caso desde 2006.

La presentación también resalta irregularidades en el orden del juicio, cuestionando que se haya otorgado el derecho a las "últimas palabras" antes de los alegatos, privando a la familia de manifestarse sobre el abandono de la carga acusatoria por parte del Ministerio Público. Además, Lebbos vinculó este pedido a la parálisis de otras 24 causas conexas derivadas del expediente principal, denunciando que el hermetismo informativo ha protegido sistemáticamente a quienes manipularon pruebas biológicas y ocultaron la verdad durante años.

Para la querella, la responsabilidad de Kaleñuk ya fue señalada en sentencias previas que ordenaron investigar su participación directa. Argumentan que en este tipo de crímenes complejos no siempre hay una "prueba directa", sino una cadena de indicios precisos y concordantes que apuntan al imputado. Por ello, solicitan que se designe un nuevo fiscal en un plazo de 24 horas para que realice un control de legalidad estricto y formule una conclusión ajustada a derecho antes de que los jueces dicten el veredicto.

La decisión final está ahora en manos de los jueces Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas. Ellos deberán definir si aceptan la nulidad y el apartamiento del fiscal o si avanzan con la sentencia programada para mañana. Mientras la Fiscalía solicitó la prisión perpetua para César Soto como presunto autor material, el futuro procesal de Kaleñuk pende de un hilo judicial que pone a prueba la imparcialidad del tribunal frente a una de las causas más emblemáticas de la historia criminal tucumana.

A 20 años del asesinato que cambió la provincia, Alberto Lebbos ha dejado claro que agotará todas las instancias, incluyendo tribunales internacionales, para evitar que el cierre del proceso consolide la impunidad. Mañana será un día clave en los tribunales de la avenida Sarmiento; la sociedad tucumana aguarda con una mezcla de ansiedad y escepticismo una sentencia que determine si, finalmente, habrá justicia por Paulina o si el caso se cerrará con interrogantes que la familia se niega a aceptar.