Este martes se realizó una audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción contra José Matías Rollate (31) y su padre, Jacinto Rollate (64), en el marco de una causa investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila.

Todo se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 8 de mayo por la ex pareja de Rollate hijo. Según expuso la Fiscalía, la joven manifestó que el imputado le había entregado el 11 de marzo una importante suma de dinero en dólares para que la guardara, argumentando que distintas personas concurrían a su domicilio a reclamarle pagos.

Posteriormente, se constató que los USD 10.000 entregados eran presuntamente falsos. La denunciante también refirió haber atravesado una relación marcada por violencia psicológica.

A partir de esta presentación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó medidas de allanamiento en un inmueble ubicado sobre calle Ecuador al 300, en la capital tucumana, procedimiento que fue concretado el domingo 10 de mayo por personal de Delitos Telemáticos.

Se secuestraron numerosos elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos impresiones de billetes en pesos y dólares, una máquina contadora de dinero, una caja fuerte, una libreta de recibos y USD 10.000 con idéntica numeración.

Además, al momento de la requisa personal, Jacinto Rollate extrajo de uno de sus bolsillos una bolsa transparente con fajos de billetes que totalizaban otros USD 10.000, los cuales también resultaron apócrifos.

Los hechos imputados

De acuerdo con la acusación, José Matías Rollate fue imputado por haber concretado, entre junio y septiembre de 2025, una maniobra defraudadora en perjuicio de su ex suegro y ex cuñado. Valiéndose de la confianza que mantenían con él, obtuvo una tarjeta de crédito cuyos datos habría utilizado sin autorización para vincularla a una cuenta de Mercado Pago bajo su control, realizando transferencias y simulaciones de operaciones comerciales relacionadas con un negocio de su propiedad. El perjuicio económico fue estimado en alrededor de $ 12,5 millones.

Por este hecho, fue acusado como presunto autor del delito de defraudación mediante uso no autorizado de tarjeta de crédito.

En tanto, el segundo hecho investigado refiere a la presunta falsificación de moneda extranjera.

Según la teoría del caso sostenida por el MPF, ambos imputados habrían confeccionado billetes falsos por un total de USD 109.800, parte de los cuales fueron entregados a la ex pareja de Rollate hijo en fajos sellados al vacío y con aparentes identificaciones bancarias para simular autenticidad.

Planteo de incompetencia

Durante la audiencia, la defensa cuestionó la competencia de la Justicia provincial respecto del delito vinculado a la falsificación de moneda. En respuesta, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto sostuvo que la Unidad Fiscal actuó legítimamente y recordó que “se puso en conocimiento al Juzgado Federal de turno el mismo día de las aprehensiones”.

Asimismo, señaló que la intervención provincial se justificaba por la posible comisión de delitos ordinarios conexos, como la estafa investigada contra José Matías Rollate.

Finalmente, la jueza hizo lugar al planteo defensivo y resolvió que el hecho relacionado con la falsificación de moneda sea investigado por la Justicia Federal.

En consecuencia, ordenó el cese de la aprehensión de Jacinto Rollate. Pedido de prisión preventiva rechazado Con relación al hecho de estafa, que continuará bajo la órbita de la Justicia ordinaria, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva de José Matías Rollate por el plazo de 30 días, al considerar acreditados riesgos procesales, principalmente el peligro de obstaculización de la investigación.

Al fundamentar el pedido, la Fiscalía también remarcó la magnitud del perjuicio económico causado y mencionó antecedentes vinculados a violencia de género. No obstante, la jueza rechazó el requerimiento de prisión preventiva y dispuso medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el término de 30 días. Además, ordenó la inmediata libertad del imputado bajo caución real fijada en $ 12 millones./MPF