La comunidad científica y universitaria atraviesa un escenario de profunda incertidumbre marcado por lo que el Dr. Andrés Martín define como un ataque directo a las instituciones democráticas. El investigador señaló que el Poder Ejecutivo está desconociendo sistemáticamente una ley de financiamiento que fue sancionada por el Congreso y refrendada por la Justicia, lo cual trasciende el beneficio sectorial. Según Martín, "este ataque que estamos viviendo hoy a las instituciones" representa un quiebre en el equilibrio de poderes, donde una ley "perfectamente escrita" lleva más de 200 días sin ser ejecutada por la actual gestión.
Para el referente de la UNT y el CONICET, la educación pública es mucho más que un servicio; es el pilar que constituye el "ser nacional" desde principios del siglo XX. "Nosotros estamos constituidos por la idea de que la educación debe ser pública en todas sus instancias", afirmó Martín, destacando que el imaginario de nación se basa en esta herramienta de construcción social. En este sentido, la actual política de desfinanciamiento es interpretada como un intento de "romper lo que intenta ser la columna vertebral de nuestra estructura social" y de las oportunidades.
El entrevistado expresó una gran preocupación por la "desmotivación muy grande" que impera entre los docentes e investigadores ante la falta de perspectivas y el constante desprecio oficial. Martín denunció que existe una intención deliberada de "construir un país para algunos y el resto que veamos qué podemos hacer", dejando al país al despojo del financiamiento. Esta lógica excluyente se manifiesta, según su visión, en la priorización de intereses corporativos y extranjeros por sobre la formación del recurso humano nacional, socavando el futuro de quienes apuestan a la ciencia.
La entrevista también puso el foco en la pérdida de soberanía territorial y económica, vinculando el ajuste universitario con la derogación de leyes que protegían los recursos naturales estratégicos. Martín alertó sobre un modelo que apunta únicamente a la extracción de recursos, donde el conocimiento local deja de ser una prioridad para el desarrollo independiente. "Estamos diciendo que hay un conjunto de gente que no aceptamos ese destino de colonia", enfatizó el investigador, resaltando que la marcha universitaria es un acto de resistencia frente a la entrega del patrimonio.
En cuanto a la movilidad social, el Dr. Martín defendió el rol de la universidad como un espacio que garantiza la igualdad de oportunidades por encima de la capacidad de pago. Explicó que, incluso bajo una lógica meritocrática, la educación pública es la que permite que el esfuerzo se traduzca en títulos profesionales y ascenso social real. Sin embargo, advirtió que hoy ese camino está siendo "absolutamente socavado", afectando no solo a los investigadores que se ven forzados a emigrar, sino también a los estudiantes que deben abandonar sus estudios.
Finalmente, el investigador instó a que el descontento social se traduzca en una alternativa política capaz de "enamorar con un proyecto" que defienda activamente la educación pública. Sostuvo que la movilización popular es un test fundamental para el funcionamiento de los poderes del Estado y para frenar los "caprichos personales" del Ejecutivo. "Necesitamos gente que nos enamore con un proyecto en donde diga 'Yo voy a defender la educación pública'", concluyó Martín, subrayando que la lucha actual es por la identidad y la libertad real de los ciudadanos.